Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Un juez federal en Nueva Hampshire escuchará argumentos el jueves sobre si debe certificar una demanda colectiva que abarcaría a todos los bebés afectados por las restricciones del presidente estadounidense Donald Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La demanda, presentada en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés, es uno de los múltiples casos que impugnan la orden de enero de Trump que niega la ciudadanía a aquellos nacidos de padres que viven en Estados Unidos sin autorización o temporalmente. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros, los demandantes buscan que su caso sea certificado como una demanda colectiva y bloquear la implementación de la orden mientras continúa el litigio.
“Decenas de miles de bebés y sus padres podrían estar expuestos a los innumerables daños de la orden en cuestión de semanas y necesitan una orden judicial de manera urgente”, escribieron los abogados de los demandantes en documentos judiciales presentados el martes.
El tema en cuestión es la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. El gobierno de Trump dice que la frase “sujetas a su jurisdicción” significa que el país puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que se encuentren en territorio estadounidense sin autorización, poniendo fin a lo que se ha considerado una parte intrínseca de la ley estadounidense durante más de un siglo.
“Las impresiones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha impactado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, escribieron los abogados del gobierno en el caso de Nueva Hampshire. “La Constitución no alberga una cláusula de golpe de suerte que otorgue la ciudadanía estadounidense a… los hijos de aquellos que han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes de inmigración federales”.
Varios jueces federales han emitido órdenes judiciales a nivel nacional impidiendo que la orden de Trump entrara en vigor, pero la Corte Suprema federal limitó esas órdenes en un fallo del 27 de junio que dio a los tribunales inferiores 30 días para actuar. Con ese plazo en mente, los opositores al cambio regresaron rápidamente a la corte para intentar bloquearlo.
Nueva Jersey y más de una docena de estados que se unieron a su caso en el tribunal federal de Massachusetts han pedido al juez que determine si la orden judicial a nivel nacional en su caso aún podría aplicarse bajo el fallo del máximo tribunal. El juez ha programado una audiencia para el 18 de julio.
“Todo el mundo sabe que hay un reloj de 30 días, así que nuestra esperanza es obtener una respuesta antes de que termine el reloj de 30 días”, dijo el fiscal general estatal de Nueva Jersey, Matt Platkin, a The Associated Press en una entrevista reciente.
En un caso del estado de Washington ante la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, los jueces han pedido a las partes que presenten informes explicando el efecto del fallo de la Corte Suprema. Washington y los otros estados en esa demanda han solicitado al tribunal de apelaciones que devuelva el caso al juez del tribunal inferior.
Al igual que en Nueva Hampshire, el demandante en Maryland intenta organizar una demanda colectiva que incluya a todas las personas que se verían afectadas por la orden. La jueza estableció que el miércoles vencía el plazo para presentar los argumentos legales escritos mientras ella sopesa la solicitud de otra orden judicial a nivel nacional por parte de CASA, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
Ama Frimpong, directora jurídica de CASA, indicó que el grupo ha estado enfatizando a sus miembros y clientes que no es momento de entrar en pánico.
“Nadie tiene que mudarse de estado en este momento”, expresó. “Hay diferentes vías a través de las cuales todos estamos luchando, nuevamente, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca vea realmente la luz del día”.
Los demandantes de Nueva Hampshire, a los que se hace referencia sólo por seudónimos, incluyen a una mujer de Honduras que tiene una solicitud de asilo pendiente y se estima que dará a luz a su cuarto hijo en octubre. Ella le dijo al tribunal que la familia vino a Estados Unidos después de ser blanco de pandillas.
Otro demandante, un hombre de Brasil, ha vivido con su esposa en Florida durante cinco años. Su primer hijo nació en marzo, y están en el proceso de solicitar el estatus de residente permanente legal con base en lazos familiares: el padre de su esposa es ciudadano estadounidense.
“Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, escribió.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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