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Washington – Un juez federal de New Hampshire impidió este jueves, con alcance nacional, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba revocar la ciudadanía por nacimiento, una iniciativa anunciada en su segundo día en el cargo y que generó gran controversia.
El juez Joseph Laplante, designado por el presidente George W. Bush, justificó que “privar de la ciudadanía estadounidense, modificando abruptamente una política de larga data, ocasiona daños irreparables”.
Laplante aplicó una suspensión de siete días a su fallo para que el Gobierno pudiera apelar, según el caso presentado por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la demanda colectiva.
La decisión judicial es de gran relevancia, ya que la orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 27 de julio. Esto ocurrió después de que el Tribunal Supremo anulara fallos similares de jueces estatales, quienes alegaron que no podían bloquear órdenes con alcance federal.
El juez Laplante enfatizó que la ciudadanía estadounidense “es el mayor privilegio del mundo” y resaltó que los demandantes, incluyendo menores por nacer, podrían sufrir daños irreparables si la orden se implementaba.
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El fallo limita los efectos de la orden a los niños nacidos en el país, pero no se extiende a los padres, como solicitaban los demandantes.
Este mismo juez ya había tomado una decisión similar en febrero, oponiéndose a la misma orden ejecutiva, aunque con un alcance restringido a miembros de ciertas organizaciones. En aquella ocasión, argumentó que la medida violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU.
La demandante principal, identificada como Barbara (sin apellidos), es una ciudadana hondureña que espera un hijo para octubre de este año. El bebé nacería en suelo estadounidense, y su madre tiene pendiente una solicitud de asilo.
La demanda resalta que la nacionalidad por nacimiento es un “tesoro” garantizado por la 14ª Enmienda y por una vasta jurisprudencia en los tribunales.
Este fallo constituye un triunfo considerable para quienes se oponen a la medida, argumentando que la orden ejecutiva vulnera derechos fundamentales y podría causar graves perjuicios a las familias inmigrantes que aguardan el nacimiento de sus hijos en Estados Unidos.
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