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La resolución en la demanda interpuesta por nueve haitianos perjudicados beneficiaría a otros inmigrantes de ese país amparados por el TPS, según declaró el juez Cogan, mencionando su potestad para frenar las actuaciones de las agencias según la Ley de Procedimiento Administrativo.
Un juez federal determinó como “ilegal” la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristin Noem, de cancelar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que supone un obstáculo para la Casa Blanca, que puso fin al amparo migratorio la semana pasada.
Noem modificó en febrero pasado la prórroga de 18 meses para el TPS que favorece a más de medio millón de haitianos otorgada por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que finalizaba el 3 de febrero de 2026.
La secretaria acortó el beneficio a doce meses e impuso como fecha de expiración el 3 de agosto de 2025, lo que le permitió anunciar el cese de la protección el viernes pasado.
Pero este martes, el juez Brian Cogan expresó en su fallo que Noem “carece de autoridad legal” para “anular parcialmente” la designación de TPS de un país.
El juez indicó que decenas de miles de haitianos han llegado a depender del TPS, que les concede permiso de trabajo y los protege de la deportación, por lo que retirar el beneficio antes de esa fecha (febrero de 2026) “representa un perjuicio significativo” que el tribunal está facultado para corregir.
La decisión de Cogan, designado por el expresidente George W. Bush (2001-2009) para el distrito de Nueva York, devuelve la esperanza a miles de inmigrantes haitianos amparados por el amparo migratorio, quienes el viernes pasado recibieron un duro golpe cuando Noem anunció su final.
El Ejecutivo había dado un plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre para solicitar otro beneficio migratorio o auto deportarse.
La resolución en la demanda presentada por nueve haitianos perjudicados favorecería a otros inmigrantes de ese país amparados por el TPS, según declaró el juez Cogan, mencionando su potestad para frenar las actuaciones de las agencias según la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta interpretación llega después de que la Corte Suprema se pronunciara la semana pasada en contra de los mandatos judiciales universales que protegen con su fallo a otros afectados más allá de los demandantes originales.
En el caso de Haití, alrededor de 521.000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el amparo, luego de que el Gobierno Biden extendiera en julio de 2024 el beneficio hasta 2026.
El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un país determinado que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite residir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de forma segura.
Haití ha sido designado para el TPS en varias ocasiones debido a diversas crisis, incluyendo el devastador terremoto de 2010 y la inestabilidad actual.
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