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Un migrante venezolano denuncia haber sido agredido por vigilantes en El Salvador

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Rengel fue enviado a Venezuela hace unas semanas como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros.

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WASHINGTON (AP) — Un migrante venezolano deportado por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador ha dado el primer paso para demandar al gobierno estadounidense, alegando que fue enviado por error a una notoria prisión en el país centroamericano, donde los guardias le golpearon y se le impidió contactar a su familia o a un abogado.

Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, presentó una reclamación por 1,3 millones de dólares ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informaron el jueves sus abogados del Democracy Defenders Fund. Rengel es uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados a El Salvador en marzo, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, después de la invocación por el entonces presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Agentes de inmigración detuvieron a Rengel el 13 de marzo en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas, y afirmaron erróneamente que sus tatuajes reflejaban una afiliación con la pandilla Tren de Aragua, según la reclamación. Rengel había ingresado a Estados Unidos en 2023. Trabajaba como barbero y tenía programada una comparecencia ante un juez de inmigración en 2028.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un correo electrónico que Rengel era un “colaborador confirmado” de la pandilla Tren de Aragua, aunque no especificaron cómo se llegó a esa conclusión, tildando sus afirmaciones de una falsa “historia triste”. El correo electrónico mencionaba: “El presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem no permitirán que enemigos terroristas extranjeros operen en nuestro país y pongan en peligro a los estadounidenses. Escuchamos demasiado sobre las falsas historias tristes de pandilleros y criminales y no lo suficiente sobre sus víctimas”.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, o CECOT, Rengel afirmó que los guardias lo golpearon con puños y porras, y, en una ocasión, lo golpearon brutalmente después de llevarlo a una zona de la prisión sin cámaras. Rengel fue enviado a Venezuela hace unas semanas como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Sus abogados indicaron que está viviendo con su madre y está “aterrorizado” de regresar a Estados Unidos.

Los abogados de Rengel buscan una compensación por lesiones emocionales y psicológicas. En junio, un juez federal estadounidense determinó que el gobierno del presidente Trump debía dar a algunos de los migrantes enviados a la prisión en El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El juez federal de distrito, James Boasberg, afirmó que las personas no habían podido impugnar formalmente las deportaciones o las acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua, y ordenó al gobierno federal que buscara la forma de darles una forma de presentar esas impugnaciones. El juez escribió que había surgido “evidencia significativa” que indicaba que muchos de los migrantes no estaban relacionados con la pandilla “y, por lo tanto, estaban languideciendo en una prisión extranjera por acusaciones endebles, incluso frívolas”.

En una audiencia celebrada el jueves, un abogado del gobierno federal dijo a Boasberg que no traería de inmediato a los migrantes enviados de El Salvador a Venezuela como parte del intercambio de prisioneros de vuelta a Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno planean esperar el resultado de otros casos judiciales para decidir si permitirían que los migrantes regresaran, indicó el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis.

Boasberg había ordenado al gobierno federal traer de vuelta a los aviones que transportaban a los presuntos pandilleros, pero la orden fue ignorada. El juez encontró causa probable de que el gobierno cometió desacato al tribunal. Además, el juez planeó expandir la investigación de desacato para incluir una reciente denuncia de un informante que aseguraba que un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia sugirió que el gobierno de Trump podría ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros.

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