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Pierre Réginald Boulos fue arrestado el jueves de la semana pasada en EE.UU.
Es — y sigue siendo — vox populi en Haití, en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, que las pandillas haitianas, responsables del colapso económico de esa nación y de sumir a su población en la más cruel de las pobrezas, cuentan con el respaldo de empresarios haitianos que, durante años, se han beneficiado de un entorno sin barreras institucionales capaces de contenerlos. Todo esto, agravado por una comunidad internacional que parecía eludir su responsabilidad frente a la crisis haitiana, mientras el liderazgo local se mostraba incapaz, o reacio, a enfrentarla.
Sin embargo, como advertimos en varias ocasiones, la más reciente de ellas en estas mismas páginas, el 22 de mayo del año en curso, comienzan a percibirse señales de un cambio. Ya entonces señalábamos que la nueva Administración Trump mostraba disposición a “tomar el toro por los cuernos”, como lo sugirieron las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Rubio afirmó que Estados Unidos estaba comprometido a hacer su aporte en Haití y cuestionó el rol de la OEA con una frase elocuente: “Si la OEA no puede asumir liderazgo en Haití, entonces, ¿Cuál es su función?”.
Un hecho reciente confirma, de manera clara y elocuente, ese compromiso: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el jueves pasado arrestó y revocó la residencia estadounidense al empresario haitiano Pierre Réginald Boulos, a quien se acusa de participar en campañas de violencia y de mantener vínculos con bandas criminales que desestabilizan a Haití.
El Departamento de Estado determinó que su presencia y actividades en territorio estadounidense podrían tener graves consecuencias para la política exterior del país, por lo que será deportado.
Se trata de un golpe simbólico y estratégico: debilita la legitimidad de los apoyos provenientes de sectores de la élite haitiana vinculados al crimen organizado, refuerza la vigilancia internacional y puede ayudar a frenar los flujos de dinero y respaldo político que alimentan a las pandillas.
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Es hasta ahora, el caso más visible bajo la política del actual Gobierno estadounidense de revocar el estatus migratorio a residentes permanentes vinculados a organizaciones criminales o terroristas.
Este tipo de acción no golpea las calles, sino los centros de poder económico que financian el crimen y puede convertirse en un punto de inflexión capaz de desmontar el andamiaje financiero que sostiene al delito organizado en Haití.
Pero aunque esta medida podría contribuir significativamente al restablecimiento del orden, no basta. Aún queda mucho por hacer para que Haití deje de ser una sombra en el paisaje y pueda abrir un claro por donde entre, al fin, la luz del porvenir.
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