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Washington, Estados Unidos.- Un migrante venezolano deportado a una megaprisión de El Salvador presentó este jueves una solicitud administrativa, un primer paso para una demanda contra el gobierno de Donald Trump, en la que solicita 1,3 millones de dólares en daños, según la denuncia.
Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, fue uno de los 252 migrantes venezolanos enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador después de que Trump invocara una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII contra miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Rengel el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas (sur), se lee en la reclamación dirigida al Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Rengel presentó la documentación que demostraba que tenía estatus de residencia temporal y su cita migratoria programada para 2028, añade, pero los agentes consideraron que sus tatuajes eran una prueba de afiliación al Tren de Aragua.
“No existe ninguna conexión (…) Rengel no es miembro de esa pandilla”, se lee en la demanda administrativa presentada en su nombre por Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
“Funcionarios federales le mintieron, diciéndole que lo enviarían a su país” cuando en realidad “durante más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador”, donde “sufrió abuso físico, verbal y psicológico”, añade.
Según la denuncia, “los guardias lo golpeaban en el pecho y el estómago con puños y porras”. “En una ocasión, lo llevaron a una zona de la prisión sin cámaras” y “fue brutalmente golpeado”.
Estuvo recluido con casi una veintena de venezolanos “en una celda de apenas 3×3 metros” donde solían permanecer día y noche y durante más de un mes su familia desconocía su paradero, señala el texto.
El venezolano, que reclama 1,3 millones por “lesiones”, fue liberado la semana pasada como parte de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington. Se encuentra en Venezuela.
Según The New York Times, de los más de 250 hombres enviados a El Salvador, al menos 32 han sido acusados o condenados por delitos graves, pero la mayoría no han sido imputados.
“No se necesita ser un experto constitucional para que el caso Rengel haga sonar las alarmas”, afirma Norm Eisen, presidente de Democracy Defenders Fund, en un comunicado.
“Si eres un estadounidense que cree en la justicia, este caso debería ser impactante. Detener y hacer desaparecer a alguien sin causa ni acceso a recursos legales es ilegal y abominable”, añade.
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