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Tras una sesión de más de 16 horas y después de aprobar el proyecto de Ley del Código Penal, la Cámara de Diputados sancionó tres contratos de préstamos que suman US$615 millones, equivalentes a RD$36,900 millones, destinados a agua potable y saneamiento universal en ciudades costeras y turísticas de República Dominicana.
La introducción de los tres contratos de préstamos fue considerada por la oposición política en el hemiciclo, en palabras de Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), como “un golpe encubierto a la población” que estaba concentrada en los debates del proyecto del Código Penal.
Uno de los contratos de crédito fue firmado el 19 de mayo de 2025, entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta USD$380,000,000.00, para ser empleado en la financiación de la fase dos del Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas del país, el cual será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa).
Igualmente, otro préstamo suscrito el 9 de junio de 2025, por un valor de hasta USD$200,000,000.00, para ser utilizado en la financiación del Programa Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes en República Dominicana, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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Un tercero, firmado el 13 de agosto de 2024 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta USD$35,000,000.00, para la financiación del Proyecto de Ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte, segunda fase, el cual será ejecutado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
Tan pronto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió los préstamos, la bancada de la FP se levantó y se retiró del hemiciclo, como muestra de protesta por irrespeto a legisladores.
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