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El reciente anuncio del Papa León XIV sobre la creación de la nueva diócesis de Stella Maris en República Dominicana debería haber sido motivo de alegría para la comunidad católica. Sin embargo, el nombramiento del padre Manuel Ruiz como obispo de esta diócesis abre una herida profunda en la conciencia nacional y suscita preguntas inevitables sobre la coherencia ética de la Iglesia frente a los casos de abusos sexuales que la han marcado en las últimas décadas.
La controversia no surge del nombramiento en sí mismo, sino de la trayectoria pública del nuevo obispo. El padre Manuel Ruiz no es una figura neutral ni ajena al sufrimiento que enlutó a comunidades dominicanas. Todo lo contrario: fue uno de los más visibles defensores del sacerdote polaco Wojciech Gil (conocido como Alberto), condenado por abusar sexualmente de niños en la comunidad de Juncalito, Santiago. En aquel entonces, lejos de escuchar con empatía el clamor de las víctimas, Ruiz se dedicó a organizar ruedas de prensa en Santo Domingo donde presentó a líderes comunitarios y hasta padres de los propios menores agredidos, con el fin de defender lo indefendible.
No se detuvo allí. También se convirtió en un ferviente escudero del nuncio apostólico Jozef Wesolowski, acusado de pederastia y de pagar por sexo con menores en el Malecón de Santo Domingo. Su causa, que alcanzó los tribunales del Vaticano, fue uno de los casos más vergonzosos de la diplomacia vaticana en el Caribe. En medio de ese torbellino, Ruiz se alineó con el silencio cómplice y con la estrategia de encubrimiento.
Hoy, cuando sectores de la Iglesia proclaman tolerancia cero frente al abuso sexual infantil, este nombramiento envía un mensaje confuso, doloroso: ¿se premia a quienes protegieron a abusadores en lugar de escuchar a las víctimas? ¿Qué interpretación deben hacer las comunidades heridas y las familias que aún esperan justicia?
No se trata de un ataque personal al padre Manuel Ruiz, sino de un reclamo a la institución. La Iglesia Católica en República Dominicana y en el mundo enfrenta una crisis de credibilidad precisamente por la forma en que ha gestionado los abusos sexuales cometidos por sus ministros. La creación de una nueva diócesis debía simbolizar renovación y esperanza; sin embargo, arranca con la sombra de la duda y la indignación.
El Papa León XIV tiene ante sí la responsabilidad histórica de demostrar que la Iglesia realmente ha aprendido de sus errores. Nombrar como obispo a alguien con un pasado de defensa pública de sacerdotes abusadores es un retroceso en el camino hacia la transparencia y la reconciliación con las víctimas.
La fe de millones no se sostiene solo con misas y otros rituales, sino con el testimonio ético de sus líderes. Y cuando la Iglesia coloca en el más alto sitial pastoral a quienes en su momento se pusieron del lado del poder y no del lado de los más vulnerables, traiciona el Evangelio que proclama proteger a los pequeños y marginados.
La diócesis de Stella Maris nace marcada por la controversia. El tiempo dirá si Manuel Ruiz puede ahora, desde esa posición, pedir perdón, dar señales de arrepentimiento y compromiso con una nueva Iglesia más humana y más fiel al dolor de las víctimas. Por ahora, lo que queda es la amarga sensación de que la memoria de Juncalito y de tantas otras comunidades violentadas ha sido, una vez más, puesta en segundo plano.
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