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Un tribunal en Bogotá sentenció al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable esta semana de soborno a testigos y fraude procesal.
La pena fue anunciada este viernes por la jueza Sandra Heredia, quien ordenó su ejecución inmediata, contradiciendo la solicitud de la defensa, que pedía que Uribe permaneciera en libertad hasta que se resolvieran los recursos.
En el documento del auto, filtrado horas antes de su anuncio oficial por diversos medios colombianos, la jueza argumentó que tomó esta decisión “para garantizar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos” y porque, dada “su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que pueda abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”.
El expresidente colombiano, quien siempre ha negado los hechos y alega ser víctima de una persecución política, fue absuelto del delito de soborno simple por el que también fue procesado.
Esta instancia deberá pronunciarse antes del próximo octubre, fecha en que prescriben los delitos.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, es el primer exmandatario en ser condenado penalmente en la historia del país.
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Fue declarado culpable el lunes de haber instigado a terceros a manipular testigos, tras ser acusado en 2012 de tener vínculos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda en el Congreso.
El fallo y la pena de cárcel domiciliaria llegan después de 13 años de una compleja y mediática batalla judicial marcada por la polarización y con consecuencias políticas impredecibles.
Por qué condenan a Álvaro Uribe
La batalla judicial comenzó en 2012, luego de que el entonces congresista Iván Cepeda, basado en testimonios de líderes paramilitares, vinculara al expresidente con la creación del grupo armado Bloque Metro a fines de los años 90 en Antioquia.
El Bloque Metro era una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se enfrentó a las guerrillas izquierdistas y causó la muerte de miles de civiles durante el conflicto interno colombiano.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de manipular a los paramilitares para que testificaran en su contra, pero en 2018 esa instancia desestimó la denuncia.
En un giro inesperado, la Corte inició una investigación contra Uribe, al considerar que había indicios de que personas del círculo de Uribe intentaron manipular testigos.
La Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe, al considerar que existían “riesgos de obstrucción a la justicia”.
Uribe estuvo detenido durante 66 días y renunció a su escaño de senador.
Por esta razón, la Corte dejó de ser competente para procesarlo y el caso pasó a la justicia ordinaria.
En los años siguientes, los fiscales encargados solicitaron el cierre del caso, al considerar que no había pruebas suficientes para acusar al expresidente.
Estas peticiones fueron rechazadas por la justicia en dos ocasiones.
Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, nominada para el cargo por Gustavo Petro, Uribe fue finalmente llamado a juicio.
Uribe se suma a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos criminales e incluso fueron a la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el panameño Ricardo Martinelli.
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