Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
EE.UU. bajo tensión por el miedo migrante ante la irrupción de agentes encapuchados. Crédito: Composición El Popular/Meredhit Yañacc.
Para los migrantes en Nueva York, acudir a una cita en el tribunal ya no significa progresar en su proceso, sino poner en riesgo su libertad. Agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, muchos con el rostro tapado y armados, esperan en los pasillos del juzgado. Antes, solían enfocarse en hombres solos sin abogado, pero ahora también separan familias, creando un ambiente de temor e incertidumbre.
María, una venezolana que solicitó el anonimato, contó que siente miedo y angustia al afrontar este proceso junto a sus dos hijos. Asegura que después de tanto sacrificio, el temor a ser devueltos en cuestión de minutos es devastador. Casos como el suyo reflejan la vulnerabilidad de quienes buscan refugio en EE.UU. y muestran cómo incluso los más jóvenes terminan bajo custodia, a pesar de contar con protecciones legales como el estatus especial de menores inmigrantes (SIJS).
Según el ‘New York Times’, solo en Nueva York habrían sido detenidos cerca de 50 adolescentes, en su mayoría ecuatorianos. Organizaciones como el International Rescue Committee denuncian que, a diferencia de la política de separación familiar aplicada en la frontera durante el primer mandato de Donald Trump, ahora ICE detiene a familias juntas: los adultos son enviados a centros de detención y los niños derivados a programas de cuidado. Todo indica, advierten, que el panorama se volverá aún más caótico.
Las cifras reflejan la magnitud de la estrategia: en lo que va del año, ICE ha detenido a unas 59.000 personas, un récord según el American Immigration Council. Lo alarmante es que apenas el 30% de los arrestados tiene antecedentes penales, y en muchos casos no representan una amenaza.
Incluso beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo y residentes legales han sido objeto de arrestos. Expertos argumentan que la administración Trump no solo busca expulsar a indocumentados, sino también despojar a inmigrantes de protecciones ya reconocidas por ley.
Activistas denuncian que los migrantes enfrentan un acceso cada vez más limitado a defensa legal y que las condiciones en los centros de detención son precarias. Al menos diez personas han fallecido bajo custodia de ICE en lo que va del año. Un juez en Nueva York tuvo que ordenar recientemente a la agencia que otorgue un trato humanitario a quienes son retenidos en tribunales. Para empeorar la situación, organizaciones que defienden a migrantes sufren recortes presupuestarios y solo cuentan con fondos federales garantizados trimestre a trimestre.
El gobierno de Trump aprobó una partida adicional de 45.000 millones de dólares para construir nuevos centros de detención, lo que permitirá aumentar la capacidad del ICE a 125.000 personas, una cifra comparable con la de todo el sistema penitenciario federal. Los efectos ya se notan: según Pew Research Center, desde enero hasta junio la población extranjera en EE.UU. disminuyó en 1,5 millones. Además, en mayo solo se registraron 8.725 interceptaciones de indocumentados en la frontera suroeste, una reducción del 93% respecto al año anterior.
Agregar Comentario