Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Lo que se busca es que no suceda. El propósito es el mismo, el objetivo, no solo del gobierno de Maduro sino del régimen castrochavista, pero se actúa de manera que la intención es máxima presión, pero en lo posible, evitar una acción militar que se alargue en el tiempo, y si ocurre, que sea de entrada y salida.
¿Es algo nuevo? ¿Una aplicación de la “Doctrina Trump” del uso de la fuerza militar? ¿Una decisión exclusiva para Venezuela que busca su adaptación a la legislación existente para este tipo de casos?
Me explico.
El primer paso fue la declaración que tildaba al gobierno de ilegítimo, ya no más una coalición política, sino un instrumento bajo control del crimen organizado transnacional; el segundo, fue definirlo como un Cártel del narcotráfico, el de Los Soles, cuyo líder era Maduro, a quien se le duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, estrategia que dio resultado en casos como el de Sadam Husein. El tercer paso se hizo presente cuando se señaló públicamente que el grupo en el poder era, además, un grupo terrorista que desarrollaba una guerra híbrida contra EE. UU. por distintas vías como alianza con Irán y Hez bolá, inmigración masiva ilegal, ser uno de los principales abastecedores de cocaína, utilización del Tren de Aragua como recurso delictivo contra la potencia.
El cuarto paso fue de igual o aún mayor importancia, el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pamela Bondi, la directora de Seguridad Nacional Kristi Noem, todos con voz en este tema han declarado públicamente que Venezuela no tenía presidente, sino que desde el 28 de julio del año pasado, Maduro además de prófugo de la justicia, era un usurpador después que robara esa elección, cumpliendo así con lo que era y es un requisito legal para poder hacer lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque desde Reagan hay una directiva presidencial que dice que EE. UU. no puede actuar contra gobiernos legítimamente electos, consecuencia de las recomendaciones del Comité Church, que en 1975-76 revisó en el Senado la intromisión de Washington en la política interna de Chile como también revisó operaciones de inteligencia que incluyeron intentos de asesinatos contra líderes extranjeros, lo que después se reflejó en diversas decisiones políticas.
Es, por tanto, un requisito legal para la intervención de la Casa Blanca, lo que se unió a otra declaración de la mayor importancia, Terry Cole, el director de la DEA (la Administración de Control de Drogas) acusó a la dictadura de colaborar con el ELN y las FARC para enviar droga a EE.UU, por lo que la definición de Venezuela como un narcoestado en alianza con la guerrilla colombiana tampoco es algo menor, sino de la máxima relevancia por la cantidad de resoluciones y dinero destinados a combatir guerrilla y narcotráfico vía el Plan Colombia, donde entre el 2001 y el 2016, más de US$ 10.000 millones en ayuda fueron entregados, solo superado por Israel en esos años, además que Petro ha hecho mucho por enemistar a la Casa Blanca, unido a otra advertencia importante, la hecha a ciudadanos y residentes de EE.UU. para que no viajen a Venezuela por el riesgo de detención ilegal o secuestro, basándose en antecedentes reales donde ciudadanos estadounidenses han sido encarcelados solo para extraer concesiones de Washington.
Ir contra las drogas utilizando recursos militares no es novedad en EE. UU., dado que existe una “guerra” contra las drogas al menos desde el gobierno de Nixon, una que acumula muchas más derrotas que éxitos. El narcotráfico, es sin duda, el mayor instrumento del crimen organizado, y no solo en Latinoamérica, ya que ha estado muy presente en Afganistán y en la guerra civil de Siria, siendo un importante instrumento de financiación de Hez bolá, solo por citar un ejemplo en el medio oriente, y en la actual relación de la dictadura venezolana con movimientos terroristas, desde los colombianos a los musulmanes, como también con los cárteles mexicanos, otra preocupación estadounidense.
Lo que ha cambiado es que la relación entre crimen organizado y narcotráfico ha pasado a ser quizás el mayor peligro para la democracia en Latinoamérica, con la aparición vía el castrochavismo de los narcoestados, de los cuales Venezuela y el Cártel de los Soles son ejemplos paradigmáticos. Sin perder la democracia, lo habían sufrido antes los colombianos en los 80s como también México en este siglo, sobre todo, con los “abrazos” de López Obrador. Faltaba EE. UU., por ello es tan relevante que la llamada Doctrina Trump haya definido al crimen organizado transnacional como lo que efectivamente es, una potente amenaza contra la seguridad nacional.
En cierto modo, lo que está pasando con Maduro no es novedad ya que también se intentó en el primer gobierno de Trump, al menos en dos ocasiones. En el año 2018 Washington mantuvo contactos con tres grupos de militares disidentes, pero al final nada se hizo, fundamentalmente por la desconfianza de que se tuviera éxito debido a que los interlocutores no parecieron lo suficientemente serios. El segundo intento tiene lugar el año 2019, donde al parecer se creía que el 23 de febrero el general Padrino López se movería contra Maduro. En ese sentido, los presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile llegan a la ciudad fronteriza de Cúcuta en lo que sería un gran error de ambos, ya que no prestaron atención al hecho de que Bolsonaro, Macri y otros más cautos se bajaron del viaje, siendo el interlocutor estadounidense con los venezolanos el encargado de Trump para ese país, embajador Elliot Abrams. Al parecer el fracaso se debió a que el ministro de Defensa Vladimir Padrino, en nombre propio y de su grupo, se habría arrepentido, ya que no había seguridad de que en democracia se le pudiera respetar una promesa de amnistía o indulto por violaciones a los derechos humanos, tema presente en otras transiciones y todavía pendiente en Venezuela.
Hoy, tal como se puede deducir de los pasos dados por la administración Trump, todo indica una mejor preparación, es decir, una elaboración más detallada para generar la caída de Maduro. El tema ya no es si cae o no la dictadura, sino el cuándo y cómo ello se produce, no si ocurre. Es un cambio profundo.
La verdad es que, por demasiado tiempo, EE. UU. ignoró el hecho de que haber perdido no cualquier aliado, sino uno que poseía las mayores reservas de petróleo del mundo, era no solo una fuerte derrota geopolítica, sino que desde Caracas el chavismo fue una amenaza permanente para EE. UU. y otros países aliados en la región. Sin duda alguna, ahora no se organiza una movilización militar que involucra buques de asalto, tres destructores, más de 4000 tropas de élite, aviones de reconocimiento y submarinos solo para buscar drogas, ya que cuando Washington incurre en ese costo y reúne a esta fuerza, es solo en una de tres ocasiones, primero, ejercicios militares con países amigos y/o aliados (ej. OTAN, Operación Unitas), segundo, advertencia para disuadir a un adversario o enemigo (ejemplo, Hutíes, Corea del Norte), tercero, ataque militar (Irak). No es ninguna de estas tres, pero tampoco es un aviso a China o Rusia para que no intervengan, ya que nada indica que lo vayan a hacer, aunque seguramente apenas terminen las negociaciones con China por los aranceles, van a tener que discutir con ellos un tema de su seguridad nacional, como lo es el abastecimiento de petróleo.
Lo que ha movilizado EE. UU. puede causar mucho daño, pero es insuficiente para ocupar un país como Venezuela, además de recordar que después de que se derrotara con facilidad a Sadam Husein en el 2003, hubo caos a partir del día siguiente, por la insuficiente cantidad de tropas que pudieran proporcionar seguridad. Más aún, si se piensa que la invasión de Panamá se resolvió militarmente en minutos, a pesar de ello, si se le suman las distintas acciones de apoyo, se requirió movilizar más de 30.000 efectivos.
En cualquier caso, la fuerza militar que en esta oportunidad ha sido movilizada, permite un abanico de posibilidades para actuar contra Caracas, por lo que si se suma la declaración de que EE. UU. se ha movido para tener un control total sobre el Caribe, se ve que se han seguido todos los pasos necesarios para lo más importante para todo presidente, poder decir, que se han cumplido todas las exigencias de la ley estadounidense que permiten el uso de la fuerza militar, que es justo lo que no se quiere hacer, a no ser que sea de entrada y salida, por lo que se está ejerciendo la máxima presión para que el régimen sienta que se le rodea, como también para estimular un golpe interno.
Por lo demás, todo indica que en esta estrategia, hay al menos dos decisiones ya tomadas, primero, que la fuerza a emplear tiene su ubicación y dependencia en el Comando Sur y que ya se ha transitado desde el Título 10 al Título 50, siendo la diferencia que el primero es un uso de la fuerza militar en términos habituales mientras que en el segundo, desde el punto de vista operacional y legal, se depende casi exclusivamente de las órdenes del Presidente, tal como ocurriera en dos ejemplos, la eliminación en Irak del General iraní Soleimani en el 2020, y en fechas más recientes, los B-2 Spirit que atacaron en junio para intentar eliminar el programa atómico de los ayatolas.
Lo que está teniendo lugar, en ningún caso es una repetición de Panamá 1989, ya que no se debe olvidar, que, aunque allí hubo comandos aerotransportados, en ese país había tropas estadounidenses por el Canal, por lo que el derrocamiento de Noriega no fue exactamente igual, dado que además el ejército panameño era más bien una fuerza policial, tanto que fue disuelto.
En todo caso, ya se nota el aislamiento internacional, no solo con China o Rusia, sino también en las reacciones de aliados como Petro y Lula, dado que y
Agregar Comentario