Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Algunos basureros aún carecen de cualquier tipo de gestión sanitaria.
En 2014, República Dominicana contabilizó más de 500 basureros a cielo abierto, muchos de ellos con incendios constantes y sin ningún tipo de manejo sanitario.
Una década después, la historia del manejo de residuos en el país sigue mostrando un avance a medias: hay una ley, una política pública, un fideicomiso y varias intervenciones exitosas, pero persisten importantes carencias.
Fue en 2014 cuando el país reconoció, con datos en mano, el colapso de su sistema de gestión de residuos. Un levantamiento realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el acompañamiento del entonces ministro Bautista Rojas y su equipo, reveló la existencia de unos 523 vertederos a cielo abierto en todo el territorio nacional. Duquesa era el más notorio, pero no el único problemático. Puerto Plata, Verón, Santiago, Tamboril y Villa Altagracia figuraban entre los más conflictivos, con incendios persistentes, una contaminación generalizada y sin las operaciones técnicas mínimas.
“Desde cualquier punto de Santiago se podía ver el humo continuo del vertedero de Tamboril”, recuerda uno de los principales actores de ese proceso, Domingo Contreras, al ser entrevistado para esta serie.
Con ese diagnóstico en mano, el Estado dominicano empezó a trazar una política de destinos finales y a formular una normativa desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Un estudio conjunto del BID y JICA concluyó que no era sostenible que cada ayuntamiento tuviera su propio vertedero. La solución: crear mancomunidades y avanzar hacia un sistema regional de gestión.
Sin embargo, el gran obstáculo fue, y sigue siendo, la financiación. “No había dinero para cierres técnicos ni para la construcción de destinos finales. Apenas se lograban mejoras radicales con intervenciones que costaban 12 mil pesos, como construir una celda rudimentaria y una laguna para lixiviados con una retroexcavadora”, explica Contreras.
La situación cambió parcialmente con la firma del Acuerdo Nacional para Dominicana Limpia, una alianza entre Medioambiente, la Liga Municipal Dominicana, Fedomu, el Ministerio de Educación, la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y la Cervecería Nacional Dominicana. Esa coalición sentó las bases para impulsar un cambio estructural, desde la educación ambiental hasta la normativa técnica y la planificación financiera.
El resultado más tangible fue la aprobación de la Ley 225-20 sobre Manejo Integral de Residuos y Coprocesamiento. Esta legislación definió conceptos, asignó responsabilidades, estableció sanciones, que van desde un salario mínimo hasta 100, y creó un sistema de gobernanza. También permitió la estructuración de un fideicomiso que, aunque limitado, sirvió para iniciar cierres técnicos y habilitar algunos destinos finales en lugares estratégicos: Villa Altagracia, Tamboril, Puerto Plata, Verón, La Vega, Baní y, parcialmente, en San Francisco.
“El fideicomiso no cubría todo el país, pero era un inicio”, afirma Contreras. Se priorizaron grandes urbes y polos turísticos, como Samaná, Higüey, Puerto Plata y Santo Domingo. En algunos casos, como Salcedo, se optó por estaciones de transferencia. En otros, como Moca, el vertedero urbano presentaba una urgencia.
“En Bonao siempre hubo apoyo de Falconbridge (Dominicana), pero La Vega tenía dificultades. Dajabón no está funcionando”.
Pese a los avances, persisten desafíos estructurales. Solo un 15% de la población paga por el servicio de recogida de basura, y los trabajadores del área son los peores remunerados del país. La mayoría gana menos de seis mil pesos mensuales y trabajan sin equipo ni protección adecuada. Esta precariedad ha empujado a muchos dominicanos fuera del oficio, dejando la labor en manos de migrantes haitianos.
Además, según Contreras, aún falta un centro de monitoreo para dar seguimiento a los planes locales y evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Residuos Sólidos. “No hay informes anuales, ni estudios sobre percepción ciudadana, ni sobre sanciones. Eso es grave. Falta medir la brecha entre planificación y ejecución”.
A pesar de todo, Contreras insiste en que no ha faltado voluntad política. “El problema no es que no se haya hecho. Es que falta continuidad. Se necesita reforzar el compromiso educativo, establecer metas anuales, ampliar la cobertura legal y consolidar lo que ya se ha logrado”.
El siguiente paso, apunta, no es empezar de nuevo, sino profundizar.
“Los destinos finales no son la meta. Son apenas el principio. Lo que necesitamos es transformar la cultura”, afirma Contreras.
Agregar Comentario