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El mandatario demócrata señaló que California está combatiendo la práctica de oficiales enmascarados sin credenciales ni número de placa que arrestan a personas en la vía pública. California se convirtió en el primer estado de EE. UU. en prohibir que la mayor parte de las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, oculten sus rostros al ejercer sus funciones oficiales, según una iniciativa legislativa que el sábado firmó el gobernador Gavin Newsom.
Esa prohibición es la reacción directa de California a una serie reciente de redadas migratorias en Los Ángeles, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaron mascarillas durante arrestos masivos. Las operaciones provocaron protestas de varios días en la ciudad y obligaron al ex mandatario Donald Trump a desplegar a la Guardia Nacional y a unidades de Marina en la zona.
Durante una rueda de prensa en Los Ángeles, donde se firmó la norma acompañada de legisladores estatales y representantes de la comunidad inmigrante, Newsom destacó que California es singular porque el 27 % de sus habitantes nacieron en el extranjero.
“Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que engrandece a Estados Unidos. Está bajo ataque”, afirmó. “Esto es Estados Unidos”.
El gobernador demócrata reiteró que el estado está resistiendo la costumbre de agentes cubiertos que arrestan a personas en las calles sin identificación ni placas visibles.
“El efecto de estas políticas en la ciudad, en nuestro estado y en la nación es espantoso”, dijo Newsom. “Parece una película de ciencia‑ficción distópica: automóviles sin distintivos, personas con el rostro cubierto, gente desapareciendo literalmente. Sin debido proceso, sin derechos, sin garantías en una democracia que reconoce los derechos de todos. Los inmigrantes tienen derechos, y nosotros también tenemos el derecho de levantar la voz y oponernos, y eso es lo que estamos haciendo hoy”.
No está claro, sin embargo, cómo el Estado podrá hacer cumplir la prohibición contra agentes federales que llevaron a cabo esas redadas, o si siquiera dispone de la autoridad para hacerlo.
Funcionarios de la administración Trump han defendido constantemente el uso del encubrimiento facial, argumentando que los agentes de inmigración enfrentan acoso intenso y creciente tanto en las calles como en internet al desempeñar su labor bajo la agenda del ex‑presidente a favor de deportaciones masivas, y que ocultan su identidad por su propia seguridad y la de sus familias.
La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, calificó la norma californiana de “despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros agentes”.
“A la retórica de los políticos santuario que comparan al ICE con la ‘policía secreta’ —igualándolos a la Gestapo— le llamamos diabólica”, escribió por correo electrónico. “Mientras nuestros agentes federales son agredidos por alborotadores, reciben piedras y cócteles molotov, un político santuario intenta prohibir que utilicen mascarillas para protegerse de la divulgación de información confidencial y de ser blanco de simpatizantes terroristas, tanto reales como supuestos”.
Añadió que los hombres y mujeres de las agencias federales arriesgan sus vidas a diario para detener a inmigrantes ilegales violentos y criminales, y que la retórica de Newsom ha contribuido al aumento de los ataques.
Por su parte, Newsom subrayó que las preocupaciones sobre el doxing —la publicación en línea de datos personales de los oficiales— son infundadas y no están respaldadas por pruebas.
“Se habla de un supuesto incremento exponencial en los ataques contra los agentes, pero no se entregan cifras concretas”, manifestó. “Lo único que se ha ofrecido es desinformación y distracción”.
La nueva legislación prohíbe el uso de bufandas, pasamontañas y otras cubiertas faciales por parte de agentes locales y federales, incluidos los de inmigración, cuando realizan labores oficiales. Se contemplan excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas tipo respirador N95 y equipamiento táctico. La norma no se aplica a la policía estatal.
Otros estados contemplan medidas análogas
Demócratas del Congreso y legisladores de varios estados —entre ellos Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania— también han presentado proyectos similares que buscan prohibir el uso de máscaras por parte de los cuerpos de seguridad.
El DHS informó que el viernes envió cartas a los fiscales generales de California, Illinois y Nueva York para reiterar las instrucciones previas de que los estados dirigidos por demócratas cumplan con las órdenes de detención del ICE para “inmigrantes ilegales criminales dentro de sus jurisdicciones”.
En un comunicado del sábado, el DHS advirtió que, de no obedecer los estados, se adoptarán “todas las medidas apropiadas para poner fin a su obstrucción inadmisible e irresponsable”.
Los defensores de la ley californiana argumentan que es imprescindible tras el fallo de la Corte Suprema de este mes, que autorizó al gobierno de Trump a reactivar sus amplias operaciones migratorias en Los Ángeles. El objetivo de la norma es reforzar la confianza pública en las fuerzas del orden y evitar que individuos se hagan pasar por agentes para perpetrar delitos, según sus partidarios.
El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California, Berkeley, también respaldó la medida. “Los empleados federales deben observar las reglas generales del estado, salvo que hacerlo interfiera de forma sustancial con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, cuando estén trabajando, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo”, escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee.
El incremento de la aplicación de la ley migratoria de alto perfil ya generaba polémica entre quienes se oponen a las políticas de Trump y quienes las apoyan. La imagen de agentes con la cara cubierta incrementó significativamente la tensión.
Otra normativa nueva abarca escuelas y centros de salud
Newsom también aprobó el sábado una ley que impide que agentes de inmigración ingresen a escuelas e instalaciones sanitarias sin una orden judicial o un mandato válido, y obliga a las instituciones educativas a notificar a padres y maestros cuando dichos agentes estén presentes en el campus.
El legislador Al Muratsuchi declaró en una rueda de prensa en Los Ángeles que “los estudiantes no pueden aprender si viven bajo el miedo constante a ser deportados. La Ley de Escuelas de Refugio Seguro de California envía un mensaje claro a Donald Trump: mantén al ICE fuera de nuestras escuelas”.
A comienzos del año, la Asamblea Legislativa también aprobó la asignación de 50 millones de dólares al Departamento de Justicia de California y a diversas organizaciones legales, lo que ha derivado en más de 40 demandas contra la administración Trump.
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