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Una de las víctimas fue el doctor Carlos H. Urán, quien consiguió salir con vida del palacio, estuvo ante las cámaras que lo captaron con vida, pero fue apresado, torturado y asesinado en la Escuela de Caballería de la Brigada XIII del Ejército.
Era cerca del mediodía de aquel 6 de noviembre de 1985 cuando la vida de Colombia sufrió un estruendo mayúsculo: 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomaron por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá con el fin de hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur por “traicionar los acuerdos de paz” firmados en Corinto en 1984.
Los magistrados titulares y auxiliares del alto tribunal quedaron bajo el dominio del comando y minutos después, fueron rodeados por tropas del Ejército con tanques, carros de asalto y francotiradores.
Después de 27 horas descargando esas armas, el Ejército tomó el control del Palacio con saldo de más de 100 muertes, heridos y desaparecidos, incluidos todos los magistrados, personal administrativo, empleados y guerrilleros.
Una de las víctimas fue el doctor Carlos H. Urán, quien consiguió salir con vida del palacio, estuvo expuesto a las cámaras que lo registraron vivo, pero fue apresado, torturado y asesinado en la Escuela de Caballería de la Brigada XIII del Ejército.
Tras sufrir ese golpe traumático a los diez años de edad, Helena Urán Bidegain, una de sus hijas, tuvo que marcharse junto al resto de su familia a Europa. Hace tres años regresó a Colombia con una misión muy clara: trabajar para construir memoria para que los horrores de la guerra, las masacres, no queden en el olvido.
Al conversar con ella durante su reciente visita a República Dominicana, me miró directo a los ojos y exclamó: busco verdad, justicia, pero no venganza ni paredón.
Invitada por el Museo de la Resistencia donde se expusieron fotos inéditas de la masacre del Palacio de Justicia, Helena estuvo en el país durante cuatro días, donde además acudió a la presentación de dos documentales sobre el tema que organizó la Embajada de Colombia.
Después del asesinato de su padre, la madre de Helena, Ana María Bidegain, recibe amenazas y la familia termina exiliada en Alemania, donde hace estudios y trabaja recomponiendo la verdad de lo que pasó en la Colonia Dignidad, en Chile.
“Eso me atrapó. Me fui metiendo en el tema memoria y en el año 2000 yo saqué un libro y ahí empecé a hacer una investigación más profunda que iba combinando el relato personal, vivencial, con archivos, sentencias judiciales, crónicas periodísticas y otros testimonios y ahí me fui reconectando con Colombia después de muchos años no queriendo saber del país y después de haber armado una vida en otro lugar”, expresa Helena.
Volvió a Colombia hace tres años y se enroló en el rumbo de echar a andar el proyecto social de “Justicia, verdad y no repetición”, que para ella es “generar conciencia frente a lo que no se puede tolerar” y los ciudadanos puedan hacer contrapeso al poder, con conciencia crítica y estado de alerta frente al militarismo.
Comenzó a trabajar en el Ministerio de Exteriores a través de Naciones Unidas, yendo al Catatumbo, en la frontera con Venezuela, buscando información sobre los crímenes cometidos por paramilitares.
Paralelamente martillaba en el cerebro de Helena el hecho de que a pesar de que la masacre del Palacio de Justicia fue un parteaguas, la verdad de lo ocurrido allí no se ha querido encarar, contrario a otras barbaridades como los asesinatos de civiles para presentarlos como bajas guerrilleras (falsos positivos), el exterminio de la Unión Patriótica, que son hechos comprobados.
“El caso del Palacio de Justicia -afirma Helena- es una especie de pacto de silencio a ese crimen estatal, no solo militares matando a civiles, sino una articulación con otras entidades del Estado, era algo impenetrable y yo con el libro (“Mi vida y el Palacio; 6 y 7 de noviembre de 1985″) volví a poner el tema sobre la mesa”, apunta la experta en Ciencias Políticas con maestría en Estudios Latinoamericanos.
Al ponerse al día con el tema, descubrió que en el Palacio de Justicia no había una placa con los nombres de todos los magistrados asesinados allí, la tarja solo mencionaba a los magistrados titulares, dejando fuera al conjunto de las víctimas.
Cita que el Museo del Florero, cerca del palacio, que era el centro de operaciones del Ejército adonde llegaban las personas que salían del edificio, ahí determinaba la Inteligencia a qué batallón iban a ser enviadas para ser torturadas, ejecutadas y desaparecidas, estaba ignorado para la memoria.
Al venir de la experiencia alemana y ver que estos lugares estaban intactos, se convenció de que había que hacer algo para que se transformaran en pedagogía para los valores democráticos. Porque aunque cuestiona la acción del M-19 de tomar como rehenes a los magistrados y civiles en el palacio, “eso no justifica que la fuerza pública cometiera esos crímenes”.
“Lo que debió ser un tema judicial (la masacre del palacio) lo convirtieron en un tema político que utilizan los partidos y que ha imposibilitado que se construya una memoria”, subraya Helena, quien agrega que hay condenas de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señaló que sectores reaccionarios no quieren aceptar esas responsabilidades y justifican esos crímenes “con la excusa de que el M-19 entró primero”, lo que le evidenció que la masacre del palacio es el caso que menos ha avanzado en materia de violación de los derechos humanos en Colombia.
“Basada en lo que había aprendido en Alemania, empecé ahí a hacer ciertas acciones que permitieran desenredar esto. Me quedaba claro que lo de seguir mendigando justicia no iba a dar resultado puesto que ya van 40 años y en la justicia ordinaria no ha habido avances, ha habido retrocesos. Hay una condena en la CDIH y sin embargo Colombia aun no responde”, puntualizó la dirigente de la Fundación Carlos H. Urán.
En el ámbito de la justicia transicional que se creó en el 2006, “el caso del Palacio de Justicia no se consideró” parte de las indagatorias para desentrañar los crímenes contra civiles.
Narró que estando en una audiencia en los Tribunales de Paz se cuestionó al jefe militar de toda la operación, general Jesús Armando Arias Cabrales, pero “como hay este pacto de silencio, él sigue negando que esto (la masacre) sucediera. Él es el único que ha sido condenado (a 15 años de cárcel) hasta tercera instancia”.
Aunque el interés de Helena era que Arias Cabrales ayudara a esclarecer los hechos, “este no aportó nada y al contrario se victimizó y hacía ostentación de sus medallas”, por lo que ella se sorprendió de que no se las hubiesen retirado como manda la ley, lo que la motivó a elevar una instancia para que la justicia lo despojara de ellas, logrando un fallo favorable y convirtiéndose en el único caso de retiro de condecoraciones a un general por la acción de una ciudadana.
Helena reveló que en 2007 una fiscal que estaba allanando en la Escuela de Caballería del Ejército encontró la billetera de su padre, el magistrado Urán, con todos sus documentos.
Indagó sobre dos cementerios clandestinos en los que tiraron en fosa común los cuerpos de asesinados, unos identificados y otros no, por lo que ella pidió a la Jurisdicción de Paz que dicten auto para que esos lugares sean conservados como sitios de memoria.
Helena pidió a los magistrados de la Corte Suprema que al menos tuvieran un lugar en el Palacio de Justicia para honrar a los jueces masacrados “y ellos lo aceptaron y lo hicieron”.
Ahora está empeñada en lograr cambiar una placa en la Alcaldía de Bogotá que responsabilizaba solo al M-19 por los hechos del palacio para que diga que los guerrilleros tomaron los rehenes, pero que “después el Ejército entró, torturó y desapareció a civiles”.
Aunque esta activista por la memoria diligenció ante la Jurisdicción Especial de Paz solicitara a Estados Unidos la desclasificación de archivos sobre el conflicto armado en Colombia y el tribunal dio el fallo a su favor, el interés del presidente Gustavo Petro se despertó cuando Helena entrevistó al exagente de Inteligencia José Leonairo Dorado Gaviria, quien reveló que la intención de los militares era acabar con sus enemigos, guerrilleros y magistrados.
Petro consideró las revelaciones de Dorado Gaviria “históricas”, por lo que acogió la solicitud de Helena y la Cancillería tramitó ante Estados Unidos el pedido de los documentos desde hace un año, pero sin resultados aun.
“Lo que yo busco con esto (indagatorias por la verdad) no es que sigamos señalando personas y ponerlas en un paredón. A mí eso no me interesa; yo no le encuentro el sentido, aunque está claro que hay que establecer responsabilidades, pero en este punto lo que quiero es que podamos entender cómo son esas estructuras de poder, cómo funciona un crimen de Estado para que se mantenga en la impunidad por tanto tiempo”, expresó.
Las hijas del magistrado Urán continúan adelante en el juicio que se le sigue en Florida al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, señalado como responsable de la captura, tortura y asesinato de su padre después de salir del Palacio de Justicia.
Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería de la XIII Brigada del Ejército y dirigió el ataque con tanques al Palacio de Justicia.
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