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Washington‑. El Gobierno de EE. UU. acordó entregar 4,76 millones de dólares a El Salvador a cambio de acoger a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales que precisan que dichos recursos no pueden destinarse a asesoría legal para solicitantes de asilo en EE. UU., entre otras cláusulas.
Los pormenores del convenio eran desconocidos hasta ahora y se dieron a conocer como parte de la evidencia en una demanda encabezada por el colectivo de derechos civiles Democracy Forward contra este pacto, firmado entre las administraciones de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.
El documento consiste en una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense dirigida al Gobierno salvadoreño, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la entrega de 4,76 millones de dólares destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de esos migrantes, mayormente venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
La misiva también establece la prohibición de usar esos fondos para brindar asesoría legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en EE. UU., además de limitar cualquier ayuda a la UNRWA, la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos, o a actividades vinculadas a la salud reproductiva.
Según el texto de la carta, el acuerdo no genera obligaciones bajo el derecho internacional, por lo que cualquier controversia se resolverá únicamente mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
En un comunicado, Perryman subrayó que “aun así, el acuerdo se esforzó por garantizar que los recursos que EE. UU. proporcionó a El Salvador no se utilicen para ofrecer atención de salud reproductiva ni para asistir a los solicitantes de asilo en el acceso a recursos y asesoría”.
El grupo incluyó al salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado erróneamente desde EE. UU. y convertido en símbolo de la resistencia contra las duras políticas antiinmigratorias del mandatario republicano.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este 3 de septiembre que Trump no puede emplear esa legislación para acelerar la expulsión de migrantes, lo que encamina la controversia hacia un posible pronunciamiento de la Corte Suprema.
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