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El asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, precisó ayer que entre las atribuciones del recién constituido Ministerio de Justicia se incluye la gestión del registro nacional de organizaciones no gubernamentales (ONG), de abogados y de notarios.
Al intervenir en el panel “El Ministerio de Justicia en el marco institucional dominicano”, organizado por la Universidad APEC (Unapec), el funcionario aclaró que dicha entidad no forma parte del aparato jurisdiccional ni reemplaza al Ministerio Público, pues su función consiste en ejercer las competencias que la Constitución concede al Poder Ejecutivo en materia de justicia, particularmente en la prevención del delito.
Peralta destacó que la Constitución de 2010 no definía con precisión las áreas de actuación entre el Ministerio Público (MP) y el Poder Ejecutivo, lo que generó ambigüedades; sin embargo, la más reciente reforma constitucional marcó con claridad esa separación y la Ley 80‑25, que da origen al Ministerio de Justicia, sigue esa directriz.
“Incluso los propios dirigentes del Ministerio Público reconocen que era preciso delimitar mejor qué responsabilidades corresponden a cada organismo”, afirmó Peralta, explicando que la normativa responde a esa demanda histórica.
El consultor jurídico de la Presidencia confesó que inicialmente se pretendía un ministerio con un alcance más amplio de funciones judiciales, pero que, entre lo ideal y lo viable, decidieron primero establecer la estructura institucional, a la cual posteriormente se podrán añadir nuevas atribuciones de carácter legal.
Peralta subrayó que el Ministerio de Justicia es un ente político‑ejecutivo, no jurisdiccional, y que su papel será actuar como puente entre el Poder Ejecutivo y las competencias que la Carta Magna le asigna en la esfera de la justicia.
Además, Antoliano Peralta indicó que el Ministerio de Justicia asumirá funciones concretas como el registro de ONG, de abogados y de notarios, entre otras que se irán incorporando en el futuro.
Precisó que, si fuera necesario, esas competencias podrán ser modificadas mediante reglamentos o cambios legislativos, conforme la nueva institución se consolide.
El asesor jurídico puntualizó que la centralización de dichos registros persigue dotar al Estado de un control más eficaz y transparente sobre los agentes que participan en la justicia y en la vida asociativa del país.
Comentó que la creación de un registro único de ONG, abogados y notarios permitirá una fiscalización más nítida y una rendición de cuentas más eficaz, reduciendo la dispersión de responsabilidades que actualmente se encuentran repartidas en diversas instituciones.
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