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Con la ratificación de la lengua de señas como idioma oficial para la comunidad sorda en la República Dominicana mediante la Ley 43‑23, el Estado asume la responsabilidad de garantizar intérpretes de señas para que las personas con pérdida auditiva puedan acceder a servicios públicos y a actividades de interés económico.
Antes de que esta normativa se publicara en agosto de 2023, tras una larga lucha de la comunidad sorda, diversas instituciones gubernamentales y empresas privadas fueron incorporando políticas de accesibilidad e inclusión, siendo una de las medidas más habituales la transmisión de contenidos audiovisuales con intérpretes.
Los profesionales que brindan estos servicios coinciden en que, más allá de los audiovisuales, los sectores de educación, salud y eventos oficiales son los que actualmente demandan mayormente la interpretación.
Sin embargo, la oferta posiblemente no cubre la magnitud de la demanda nacional. La Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred) cuenta con 95 intérpretes registrados para atender a más de 97 000 personas con discapacidad auditiva, según el Censo de 2010. Es probable que haya más personas ofreciendo el servicio sin formación formal y sin pertenecer a este gremio.
Para regular esta práctica, que además constituye el oficio de muchos, oyentes o no, la ley dedica un capítulo a los intérpretes, describiéndolos como “una figura clave para el desarrollo de la vida de la persona sorda”.
En otras palabras, son el “puente de comunicación” entre la comunidad sorda y el resto de la sociedad. Así lo explica Johanny Florentino, quien acumula más de 15 años de experiencia y actualmente dirige el departamento de Lengua de Señas de la Escuela Nacional para Sordos.
“La sociedad en general no domina este idioma; por eso hace falta alguien que transmita la información, que exprese los sentimientos, emociones, pensamientos e ideas a la comunidad oyente. Al mismo tiempo, la audiencia oyente necesita comunicar información a la persona sorda, ¿y quién se sitúa entre ambos mundos? El intérprete”, señala la también docente.
Para esta entusiasta de la cultura sorda, fruto de sus años de trabajo, la aprobación de la ley supone un beneficio para todos los actores de la comunidad, pues se traduce en mayor accesibilidad comunicacional, más interacción y nuevas oportunidades de empleo para los intérpretes, además de la profesionalización del oficio.
Ese último punto es precisamente el objetivo del Capítulo III de la ley, titulado “De los intérpretes y guías‑intérpretes”, el cual, a lo largo de seis artículos, establece la obligación estatal de garantizar y proporcionar estos servicios, una disposición que se repite en diversos artículos de la normativa.
Asimismo, la legislación reconoce la necesidad de crear y fomentar programas de capacitación profesional en instituciones de educación superior y la posterior acreditación, a cargo del CONADIS, de quienes se formen en la disciplina, entre otras medidas.
Melqui Pérez, intérprete con más de diez años en el mercado, solo encuentra ventajas en esta legislación.
“Con una ley bien estructurada podríamos contar con una especie de licencia para interpretar; hoy no existe tal certificación, ni un filtro de evaluación que defina en qué área puede trabajar cada intérprete. Sin duda, que la ley se establezca y se aplique será beneficioso tanto para la persona sorda como para los intérpretes”, afirma Pérez.
Katherine Rodríguez, directora técnica del CONADIS, añade que estas acciones motivan a más personas a aprender la lengua de señas e incluso a considerarla una carrera gracias a la certificación de intérpretes.
Con esa perspectiva, se podría cubrir, al menos en parte, la demanda existente.
“Muchas personas sordas no solo no pueden costear estos servicios, sino que en muchas ocasiones ni siquiera disponen de intérpretes; a veces no encuentran disponibilidad porque son pocos y la mayoría se concentran en Santo Domingo”, comenta la experta en pedagogía.
En la misma línea se expresan los intérpretes Johanny Florentino y Melqui Pérez. Este último, hijo de padres sordos, creció con la lengua de señas como primera lengua, lo que lo llevó a especializarse y fundar su propia agencia de intérpretes, donde también imparte clases.
Como anticipaba Rodríguez, el interés por aprender señas es amplio.
“Además, las empresas están comenzando a capacitar a sus empleados”, agrega Pérez.
Los honorarios varían según el tipo de actividad y la duración del servicio. El sector judicial, por ejemplo, es de los más costosos.
No obstante, Greysi García, quien presidió Anilesred en dos períodos consecutivos entre 2012 y 2016, señala que, en general, se paga entre 400 y 600 pesos por hora, mientras que en la educación superior el rango es el más bajo.
“Hay quienes llegan a cobrar hasta 1 500 pesos por una hora de interpretación universitaria”, añade.
Por otro lado, los intérpretes deben ser relevados cada 30‑45 min por al menos media hora, pues la labor implica un esfuerzo físico y mental: se trata de trasladar información de un idioma a otro mediante gestos, explica Florentino.
La falta de reconocimiento del oficio y la escasa valoración de los intérpretes generan barreras y obstáculos que dificultan el ejercicio óptimo de sus funciones.
Desde la necesidad de contar con un espacio visible y bien acústico hasta la ausencia de iluminación adecuada y quejas de que “se les pide demasiado” para lograr una interpretación de calidad.
También persiste la desconfianza hacia los intérpretes, particularmente en el ámbito educativo. Además, el lenguaje está en constante evolución, lo que obliga a los profesionales a actualizar continuamente su vocabulario en lengua de señas.
Otro impedimento señalado por García es la inexistencia de una carrera universitaria que forme intérpretes, obstáculo que la ley pretende superar.
“He tenido que viajar al extranjero para recibir capacitación y no todos los intérpretes cuentan con los recursos necesarios para ello”, comenta García.
Una experiencia similar vivió Melqui Pérez.
“En nuestro país aún no existe educación superior para intérpretes. Por eso muchos se forman de manera independiente, viajan fuera del país o realizan estudios empíricos para mejorar sus habilidades, lo cual representa una de las principales barreras”, afirma.
Para Pérez, otro aspecto es el económico: “Al no reconocer el trabajo del intérprete, muchos no comprenden el costo que implica”.
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