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“La justicia que se retrasa deja de ser justicia”, afirma una máxima jurídica. En la República Dominicana, la morosidad judicial y la sobrepoblación carcelaria se han convertido en dos de los problemas más críticos de nuestro sistema judicial. Solucionarlos no es solo una cuestión administrativa: es un deber frente a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Recientemente formé parte de una delegación de jueces, periodistas y comunicadores invitados por el Poder Judicial dominicano para conocer el modelo judicial de Puerto Rico. La visita brindó valiosas lecciones sobre cómo acelerar los trámites y devolver la confianza al sistema de justicia.
Lo que más me llamó la atención fue la normalización de los acuerdos judiciales. Entre el 90 % y el 95 % de los casos civiles y penales en Puerto Rico se resuelven por esa vía, evitando juicios extensos. La jueza Carmen Otero, administradora de la Región Judicial de Bayamón, lo expresó de forma rotunda: resulta “inconcebible” que un caso llegue a un tribunal sin antes intentar un arreglo.
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La realidad dominicana es muy distinta. Según explicó la magistrada Esmirna Giselle Méndez, aquí apenas el 13 % de los procesos se cierran mediante acuerdos, pese a que están contemplados en el Código Procesal Penal. Esta figura, que permite al imputado admitir los hechos y negociar con el Ministerio Público, no solo descongestiona los juzgados, sino que adopta un enfoque reparador: indemnizar y restituir lo sustraído, más allá de la mera sanción.
En Puerto Rico, el impacto es palpable. Distritos como Bayamón o Caguas transmiten orden y fluidez, en contraste con el colapso que caracteriza a muchos tribunales dominicanos. Cabe precisar que no todos los delitos son susceptibles de acuerdos – armas de fuego o casos contra menores quedan excluidos –, pero aun con esas limitaciones, la eficiencia resulta notable. Además, este mecanismo protege tanto a víctimas como a imputados de procesos prolongados y costosos, y permite a los jueces concentrarse en casos de mayor relevancia.
Otro aprendizaje esencial fue la incorporación de la tecnología. Puerto Rico utiliza expedientes electrónicos, consultas en línea y gestión digital de casos. En materia civil, el 90 % de las audiencias se realiza de forma virtual, según explicó la jueza Maritere Colón.
En la República Dominicana, cuando se intentó aplicar este modelo surgieron resistencias. Sin embargo, los abogados puertorriqueños han comprobado los beneficios: pueden participar en varias audiencias en un mismo día sin importar la distancia, reduciendo costos y tiempos. La digitalización, acompañada de voluntad política y capacitación, demuestra ser una vía viable para modernizar la justicia.
El rol del Ministerio Público también marca diferencias. En Puerto Rico, las solicitudes de medidas de coerción y los actos de acusación rara vez superan una página. Aquí, en cambio, los expedientes a menudo se convierten en “mega‑expedientes” de cientos de páginas, con la intención de “sobreprobar” los casos, especialmente en materia de corrupción. Entiendo que la finalidad es blindar los procesos contra jurisprudencias adversas, pero la práctica termina resultando contraproducente: genera retrasos que las defensas aprovechan y multiplica los aplazamientos.
La judicatura también debe asumir responsabilidad. No basta con leyes modernas si las audiencias se transforman en escenarios de aplazamientos injustificados. El debido proceso no puede ser excusa para tolerar tácticas dilatorias que perpetúan la morosidad judicial.
Esta visita a Puerto Rico dejó claro que sí es posible un sistema judicial más ágil y eficiente. Pero lograrlo requiere que todos los actores – jueces, fiscales, abogados y también la ciudadanía – impulsen cambios de mentalidad y práctica.
La morosidad judicial y la sobrepoblación carcelaria no solo afectan a quienes hoy enfrentan un proceso penal. Son una amenaza latente para cualquiera de nosotros y minan la credibilidad institucional.
Necesitamos una justicia moderna, garantista y humana, que no se perpetúe en expedientes ni en aplazamientos, sino que resuelva con rapidez y equidad. Porque al final, de nada sirve contar con tribunales y leyes si los procesos se vuelven interminables. Y, como recuerda la máxima jurídica: cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.
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