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«Cuando asesinan a una mujer, están matando a todas las madres, a todas las mujeres que habitamos en el territorio nacional», afirmó recientemente Faride Raful, ministra del Interior y la Policía.
Cada año, cada mes, cada semana, se repite la misma tragedia: una mujer quitada de la vida por su pareja o expareja, una comunidad consternada, una rueda de prensa, una promesa institucional y, sin embargo, el círculo se mantiene. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal?
En la República Dominicana, en lo que va de 2025, se han contabilizado más de 50 feminicidios, de los cuales casi todos fueron de carácter íntimo, es decir, perpetrados por parejas o exparejas sentimentales.
Aunque las cifras evidencian una ligera reducción respecto a años anteriores (71 feminicidios en 2024), la calamidad humana persiste y lo más alarmante es que más del 80 % de las víctimas no había denunciado violencia previa, revelando una profunda falla en los mecanismos de prevención.
A pesar de las estrategias anunciadas por el Gobierno, los casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas siguen generando alarma social.
En los primeros catorce días de septiembre se registraron seis feminicidios en distintas provincias del país, según los informes de la organización Vida Sin Violencia, lo que, a juicio de la entidad, muestra que las medidas de protección aún no consiguen detener a los agresores.
El 3 de septiembre, Anaís Mendoza, una joven de 17 años, perdió la vida en un hecho que sus familiares describen como consecuencia de la obsesión de un hombre de aproximadamente 50 años.
Al día siguiente, Yenny Echaverría falleció a manos de su expareja, Dioquer Florentino Ogando, “El Pinto”, de 44 años, quien, posteriormente, se quitó la vida en el distrito municipal de Hato del Padre, provincia San Juan.
El 7 de septiembre, Katherine Frías Aquino, de 20 años, fue asesinada a tiros por su expareja, el raso de la Armada de la República Dominicana (ARD) Iván Rafael Sosa, en la comunidad de Villa Penca, Haina, provincia San Cristóbal.
También se informó del feminicidio de Maite Evangelina Gerónimo de la Cruz, de 16 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca que le habría infligido su expareja, de 26 años.
Los asesinatos continuaron el 11 de septiembre con la muerte de Altagracia Mercedes Feliz Reyes, de 33 años, en el municipio de Guerra, Santo Domingo Este, a manos de Smaylen Peralta Almonte, pese a que en el caso existía una orden de alejamiento y otras medidas de protección provisional.
Estos hechos ya no son excepciones, sino síntomas de una cultura que sigue formando hombres incapaces de gestionar sus emociones, sus frustraciones y sus relaciones. ¡Esto es mucho con demasiado!
Históricamente, los programas oficiales se han centrado en intentar proteger a la mujer, con escaso éxito, por cierto: casas de acogida, líneas de emergencia, órdenes de alejamiento, medidas que podrían ser necesarias, pero resultan insuficientes, fundamentalmente porque la intervención ocurre cuando el daño ya se ha causado, de modo que, en lugar de prevenir, se reacciona.
La lógica de protección a la mujer, que insisto en que, además, resulta fallida, genera la imagen de una víctima pasiva y la presenta como un sujeto que debe ser resguardado, no como una ciudadana plena de espacio, decisión y derecho, y deja intacto al agresor, al hombre que sigue siendo formado en una cultura de dominio, silencio emocional y violencia como respuesta.
Aquella fatídica expresión de que «agarre su gallina que mi gallo está suelto», resuena en los oídos de generaciones anteriores en las que, sin que se manifestara como la epidemia que hoy es, la violencia contra la mujer no era desconocida.
Desde diversas perspectivas, y a partir de la experiencia de décadas observando el fracaso de los enfoques tradicionales, resulta evidente que la solución está en educar al hombre, en vez de esperar a actuar contra él cuando ya ha golpeado o matado.
El proceso de formación de los seres sociales (hombres y mujeres) debe iniciarse en el hogar, continuar en la escuela, en los grupos sociales, ligas deportivas, iglesias y en cualquier otro tipo de instancia o espacio en el que la conducta, el respeto, la consideración y la distancia sean principios fundamentales.
Si hace treinta años se hubieran implementado programas de formación emocional, ética y de género en las escuelas, hoy la República Dominicana tendría generaciones menos violentas, con personas capaces de nombrar sus emociones, de resolver conflictos sin violencia, de convivir con respeto y empatía.
Experiencias en países como Uruguay y Colombia han demostrado que los programas de masculinidades críticas pueden transformar profundamente los patrones de conducta masculina. No se trata de culpabilizar al hombre, sino de reeducarlo, de ofrecerle herramientas para vivir en paz consigo mismo y con los demás.
La lucha contra el feminicidio no puede seguir siendo una carrera de contención. Debe ser una revolución social y educativa, una apuesta por la prevención real, por la transformación cultural, por el cambio de paradigma.
Cada feminicidio es una tragedia, pero también una oportunidad para replantear el enfoque, para dejar de proteger y comenzar a educar, para pasar de reaccionar a prevenir.
La gente no desearía «personas vigiladas», si pudiera contar con «personas transformadas». Ya es hora de un verdadero cambio de enfoque, un paradigma diferente para prevenir el feminicidio y otras formas de violencia insostenible.
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