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La organización sostuvo que el caso constituye una muestra más de corrupción: contratos “grado a grado”, sin licitaciones transparentes.
Santo Domingo – La salud en la República Dominicana se ha transformado en un negocio, incluso un negocio de lujo. Lo que ocurre con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) lo confirma, afirmó este martes la presidenta de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Alba Reyes indicó que la atención primaria no genera los ingresos que los principales actores del sistema buscan y perciben.
Tomó como ejemplo el arrendamiento, por parte de SENASA, de 38 centros privados denominados “puntos médicos”, para ofrecer servicios básicos. Según ADESA, esta operación representa un gasto fijo de 65 millones de pesos a favor de un grupo empresarial, mientras que las unidades públicas continúan desatendidas.
“Nos cuestionamos por qué destinar fondos públicos al sector privado cuando existen más de 1,900 unidades que precisan inversión. Hemos contactado a esos centros y muchos no brindan los servicios que anuncian, como pediatría, ginecología, nutrición u oftalmología. De hecho, gran parte de la población ni siquiera sabe de su existencia”, declaró Reyes en el programa El Día.
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Para la dirigente social, esta política evidencia la ausencia de enfoque en las prioridades sanitarias. “Detrás hay un negocio”.
La atención primaria, reconocida mundialmente como el primer eslabón para garantizar el bienestar de la población, sigue siendo el punto débil del sistema dominicano.
Reyes califica este nivel de atención como “la cenicienta del sistema”, pese a su relevancia para prevenir enfermedades, reducir la presión hospitalaria y acercar los servicios a la ciudadanía.
Según la dirigente, aunque el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) anuncian avances, la realidad en los territorios dista mucho de los informes oficiales.
Esta brecha genera un desequilibrio que se traduce en hospitales de segundo y tercer nivel desbordados de pacientes que pudieron haber recibido atención oportuna en la primera línea.
“El resultado es un sistema saturado, con emergencias colapsadas, pacientes en pasillos y dolencias que se pudieron evitar con un diagnóstico temprano”, señala.
A su entender, medir el éxito en salud por la cantidad de consultas hospitalarias es un error.
“El verdadero indicador de progreso sería tener menos enfermos internados porque fueron atendidos primero en la comunidad”, añade.
Las unidades de atención primaria están pensadas para acercar la salud a las comunidades. Allí, los ciudadanos deberían encontrar un médico de familia o general, un ginecólogo, una enfermera y una red de promotoras comunitarias.
Además de consultas, estos espacios deben garantizar educación, prevención y la promoción de hábitos de vida saludables.
“Cuando hablamos de atención primaria, nos referimos a la embarazada que necesita control prenatal cerca de su hogar, al diabético o hipertenso que requiere seguimiento, a la persona desnutrida que precisa orientación. Son servicios que salvan vidas y reducen costos al sistema”, enfatiza Reyes.
La carencia de estas unidades provoca que muchos pacientes eludan este primer nivel y acudan directamente a hospitales, o peor, que fallezcan en sus comunidades por falta de recursos para trasladarse.
Aunque el Gobierno ha inaugurado y remodelado algunos centros, la presidenta de ADESA insiste en que la situación en terreno es alarmante.
“Encontramos unidades sin médicos especialistas, atendidas por pasantes. Otras carecen de insumos básicos, ni siquiera para procedimientos simples. Muchas operan en locales alquilados, sin condiciones dignas”, denuncia.
Esta coyuntura, asegura, muestra que los recursos se están destinando a proyectos visibles, como grandes hospitales, y no a fortalecer la base del sistema.
“No se trata solo de cortar cintas, sino de asegurar que la gente reciba un servicio cercano y confiable”, subraya.
Reyes relata casos que ilustran el peso que la deficiencia en atención primaria ejerce sobre los hospitales.
“En San Cristóbal, un familiar mío con un accidente cardiovascular pasó cuatro días en emergencia sentado en una silla porque no había camas disponibles. En el Hospital Marcelino Vélez ocurre lo mismo: pacientes graves en condiciones indignas”, ejemplifica.
Este panorama, advierte, es consecuencia directa de no invertir en prevención y diagnóstico precoz.
“Cada peso invertido en atención primaria reduce un 67 % de enfermedades, lo afirmó el propio ministro de Salud. Sin embargo, se sigue apostando por soluciones tardías y más costosas”, lamenta.
ADESA también cuestiona los procesos de contratación y supervisión en el sector salud.
“Con SENASA vemos otra muestra de corrupción: contratos ‘grado a grado’, sin licitaciones transparentes, y ausencia de mecanismos de control. Recursos públicos en manos privadas sin rendición de cuentas”, afirma Reyes.
Por ello, la organización insiste en la necesidad de participación social en la gestión de la salud.
“La ciudadanía debe ser parte de estos procesos, vigilar cómo se utilizan los fondos y exigir que se respeten los derechos. No podemos seguir tolerando que se juegue con un tema tan sensible como la salud”, sostiene.
De cara al futuro, ADESA recomienda al Estado concentrar esfuerzos en fortalecer las unidades de atención primaria existentes, ampliar la red hasta alcanzar las 6 000 necesarias y garantizar que cuenten con infraestructura, personal y equipamiento adecuados. Además, propone revisar los contratos de SENASA y priorizar la inversión en el sector público.
“La atención primaria no puede seguir siendo la cenicienta del sistema. Es la clave para un país más sano, para reducir los gastos hospitalarios y, sobre todo, para evitar muertes prevenibles. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, concluyó Reyes.
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