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Existen dos aspectos que han limitado el crecimiento económico del país y que deberían ser prioritarios en la agenda de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su encuentro con el Gobierno: las altas tasas de interés internas y la poca participación de la inversión pública en el Producto Interno Bruto (PIB).
En lo que respecta al primer punto, es crucial recordar que hay un área donde el país tiene poca capacidad de maniobra: las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus tasas de interés influyen directamente en la política monetaria de nuestro Banco Central, que debe mantener una distancia prudente respecto a las tasas de la Fed para evitar fugas de capital y, con ellas, presiones sobre el tipo de cambio. En este escenario, resulta positivo el reciente anuncio del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la adopción de una estrategia más flexible en la fijación de los tipos, en relación con la meta de inflación y el empleo. Es un cambio importante, ya que la metodología aprobada en 2020 había demostrado ser demasiado restrictiva.
Sin embargo, existe un ámbito donde el país sí tiene espacio de acción: lograr que las tasas de interés internas disminuyan a través de una mayor profundidad del mercado financiero. Para esto, se necesita ampliar y diversificar la oferta de instrumentos, no solo préstamos bancarios, sino también bonos corporativos, deuda pública a distintos plazos, acciones, fondos de inversión, derivados, seguros, de modo que la competencia aumente, los costos operativos se reduzcan, los márgenes de intermediación se ajusten y, consecuentemente, las tasas se vuelvan más competitivas.
Esa tarea debe ir acompañada de una adecuada provisión de liquidez, suficiente para mantener el volumen de transacciones, pero sin excesos que alteren los precios. Al mismo tiempo, la inclusión financiera debe seguir siendo una prioridad: más personas y empresas con acceso al crédito y a mecanismos de ahorro e inversión.
Cuando el financiamiento es variado y abundan las opciones, los prestatarios, empresas, hogares y el propio Gobierno, se enfrentan a menores costos, ya que los inversores encuentran múltiples canales para colocar sus recursos. En mercados poco desarrollados, el crédito suele ser caro y de corto plazo, en cambio, un mercado profundo permite financiarse a cinco, diez o incluso veinte años, liberando presión sobre las tasas de corto plazo. Además, reduce las llamadas “primas de riesgo” y con ellas el nivel general de los intereses.
La ventaja adicional de un mercado financiero más robusto es que mejora la transmisión de la política monetaria: cuando el banco central mueve su tasa de referencia, el efecto se refleja de manera más rápida y clara en préstamos, bonos e hipotecas, favoreciendo la estabilidad macroeconómica.
El segundo gran reto es la baja inversión pública -En 2024 fue de tan solo 1.6% del PIB-. Su fortalecimiento exige reducir transferencias corrientes del Gobierno, robustecer los ingresos fiscales o, más sabiamente, combinar ambas estrategias.
La realidad fiscal, no obstante, es limitada: no basta con recortar transferencias. Es necesario ampliar las fuentes de ingreso. La experiencia indica que, cuando el caudal de un río se vuelve tan estrecho que ni cerrando compuertas basta para cumplir su función, es necesario que nuevas aguas lo alimenten, para que pueda volver a fluir con fuerza y dar vida al territorio que atraviesa.
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