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El Departamento de Educación comunicó el miércoles que ahora estima que es inconstitucional asignar ayudas federales usando criterios de elegibilidad fundados en los porcentajes de inscripción por raza o origen étnico.
El gobierno del presidente Donald Trump canceló varios programas de subsidios que estaban destinados a instituciones con una alta proporción de estudiantes pertenecientes a minorías, sosteniendo que ello constituía una discriminación ilícita al atar los recursos federales a un número determinado de alumnos de grupos raciales minoritarios.
En una maniobra que rompe con precedentes de varias décadas, el Departamento de Educación informó el miércoles que ahora considera inconstitucional otorgar ayudas federales mediante requisitos de elegibilidad basados en los niveles de matrícula racial o étnica. La agencia anunció la retención de un total de 350 millones de dólares en subvenciones planificadas para este año y solicitó al Congreso que “reimagine” los programas para los próximos ejercicios.
Más de 250 millones de esa cifra estaban destinados al programa gubernamental de Instituciones al Servicio de los Hispanos, que brinda subvenciones a colegios y universidades donde al menos una cuarta parte de los estudiantes de pregrado son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 después de constatar que la tasa de matrícula y graduación de estudiantes latinos era considerablemente inferior a la de los estudiantes blancos.
Otros programas más reducidos también fueron recortados, incluyendo 22 millones de dólares para escuelas con al menos un 40 % de alumnos afroamericanos, junto a iniciativas reservadas a instituciones con ciertos niveles de matrícula de estudiantes asiático‑estadounidenses, de las islas del Pacífico o de origen indígena. Tradicionalmente, dichos programas han contado con apoyo bipartidista en el Congreso y fueron diseñados para abordar históricas disparidades raciales en la educación.
En los recortes no se incluyeron fondos federales para los College y Universidades Históricamente Negros (HBCU), los cuales están abiertos a cualquier estudiante, sin importar su raza.
“La diversidad no se reduce a la mera presencia de un tono de piel”, declaró la Secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado divulgado el miércoles. “Encasillar a una persona según características inmutables empaña la visión completa de la vida y las aportaciones de esa persona, incluyendo su carácter, resiliencia y mérito.”
McMahon añadió que su objetivo es colaborar con el Congreso para redirigir los recursos a instituciones que sirvan a estudiantes “con escasa preparación o recursos”, sin imponer un umbral mínimo de matrícula racial o étnica. No especificó los planes concretos para reutilizar los 350 millones de dólares retenidos.
Las ayudas federales para Instituciones al Servicio de los Hispanos están siendo cuestionadas dentro de una demanda federal interpuesta por el estado de Tennessee y el grupo anti‑acción afirmativa Students for Fair Admissions. Tennessee argumenta que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna alcanza el “arbitrario umbral étnico” para ser elegible a los subsidios.
El Departamento de Justicia se negó a defender las subvenciones en la demanda y, en junio, emitió un memorando señalando que el requisito de inscripción del 25 % vulnera la Constitución.
En escritos judiciales, una asociación nacional de Instituciones al Servicio de los Hispanos sostuvo que los subsidios son legales y contribuyen a equilibrar las condiciones de sus miembros.
Más de 500 colegios y universidades están catalogados como Instituciones al Servicio de los Hispanos, lo que los hace aptos para recibir los fondos. La lista incluye campus emblemáticos como la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona, así como numerosos colegios comunitarios e instituciones más pequeñas.
Los nuevos recortes provocaron la aflicción de legisladores demócratas.
La senadora Patty Murray acusó a Trump de “priorizar la política sobre los estudiantes que simplemente buscan progresar”. Señaló la actual propuesta de ley de financiación del gobierno, una medida temporal aprobada en marzo que otorga al ejecutivo mayor flexibilidad para redirigir recursos federales.
“Este es un recordatorio nuevo y crucial de por qué el Congreso debe aprobar iniciativas de financiación, como la que el Senado aprobó este verano, que garantizan que el Congreso —y no Donald Trump o Linda McMahon— decida cómo se emplean los limitados dólares de los contribuyentes”, subrayó Murray en un comunicado.
El Departamento de Educación afirmó que, de todos modos, liberará alrededor de 132 millones de dólares para programas de subvenciones similares que están considerados como obligatorios, lo que significa que sus montos están fijados por legislación vigente. No obstante, la agencia señaló que “continúa evaluando los problemas legales subyacentes vinculados al mecanismo de financiación obligatoria en estos programas”.
El expresidente Joe Biden había dado prioridad a las universidades hispanas y, el año pasado, firmó un decreto que prometía una nueva junta asesora presidencial y un aumento de la financiación. Trump revocó la orden en su primer día de regreso al cargo, en enero pasado.
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