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La magistrada describió la legislación reciente como un “gran código”, armonizado con los acuerdos internacionales y con las naciones más adelantadas en la materia.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó este jueves que el nuevo Código Penal constituye un hito histórico en la lucha contra la corrupción del país, al tipificarla por primera vez como delito autónomo.
“Cualquier acto doloso que perjudique el patrimonio público constituye corrupción y puede ser sancionado, aun cuando no figure de manera explícita en otro tipo penal”, señaló Reynoso.
La procuradora se dirigió a la Dirección General de Aduanas (DGA), donde impartió una charla sobre los avances de la normativa recién aprobada en torno a la corrupción administrativa y temáticas afines.
Esto sucede después de que el presidente Luis Abinader, en el último Consejo de Gobierno, ordenara a Reynoso difundir las nuevas figuras introducidas en el Código Penal tras su promulgación.
Así lo indicó la procuradora al iniciar la conferencia.
La magistrada valoró la nueva legislación como un “gran código” alineado con convenciones internacionales y con los países más avanzados en la materia.
“Toda norma es susceptible de mejora, pero (…) puedo afirmar al Congreso y a la sociedad que es un gran código”, afirmó. “Se trata de un código penal moderno”.
“No lo decimos a la ligera; lo afirman porque lo investigamos, lo estudiamos y realizamos la comparativa correspondiente”, añadió.
Reynoso puntualizó que la corrupción no es simplemente un problema administrativo, sino un fenómeno que incide directamente en el desarrollo de la nación.
“Cuando se perpetran actos de corrupción, los recursos destinados a salud, educación o seguridad no llegan a su destino. La víctima de la corrupción es la sociedad entera”, precisó.
Para ilustrar su argumento, citó el caso de un soborno en una aduana para permitir la entrada de un contenedor con armas de fuego.
“Quizá quien recibió el dinero lo perciba solo como un soborno, pero esas armas terminan en manos de la delincuencia, en cadáveres, en muertes. Las víctimas pueden ser incluso la propia persona que aceptó el soborno, su familia o cualquier ciudadano”, advirtió.
El nuevo Código Penal fue promulgado a principios de agosto por el presidente Luis Abinader.
La norma se aprobó tras décadas de intentos infructuosos y, además de modernizar una ley de 141 años, refuerza los mecanismos contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los condenados para ocupar cargos públicos.
Estas sanciones alcanzan penas de hasta 20 años de prisión, y los plazos de prescripción se extienden a 30 años, también para ciberdelitos y comercio digital, persiguiendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
Otra novedad importante es que, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
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