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Mientras sigue en pausa la aprobación de un nuevo Estatuto Laboral que preserve los derechos a indemnizaciones por despidos, debido a la falta de acuerdo persistente en el Congreso, los choques de posturas a favor y en contra entre los actores involucrados parecen estar a punto de cesar. El motivo es que el arbitraje a cargo de los altos cargos gubernamentales se inclina por mantener el *statu quo*. El tradicional poder del estamento empresarial estaría a un paso de una derrota poco común, a pesar de que se resiste a abandonar su propósito de minimizar los costos operativos, esgrimiendo el argumento de que soporta un doble gravamen financiero en concepto de nóminas, tras la implementación paralela del Sistema de Seguridad Social. El bloque compacto de las federaciones sindicales se mantiene firme en su defensa del derecho a la cesantía, aunque la afiliación sindical muestra escasos signos de vitalidad en la nación, y las vanguardias gremiales más batalladoras en la minería (Falconbridge), la telefonía (Codetel), la industria azucarera (Central Romana) y la extinta CDE, fueron desmanteladas al oponerse a razones sociales influyentes.
La voz más beligerante en favor de la prestación laboral tradicional proviene del experimentado líder sindical Pepe Abreu, quien insiste en su oposición total a cualquier propuesta patronal que limite, fragmente o menoscabe este beneficio, que para él es comparable al vellocino de oro de la mitología griega: La cesantía. El apasionado orador se ha apoyado incesantemente en la Ley de Seguridad Social, que garantiza compensaciones a los empleados, y que ante la ausencia de un pacto tripartito, “nadie debe modificar lo establecido”. El frente sindical argumenta que esta norma posee la categoría histórica de derecho adquirido tras numerosos años de pugnas, huelgas y sacrificios de los trabajadores, y no puede ser considerada como un simple favor que se puede otorgar o retirar. “Representa una salvaguarda de seguridad financiera para el trabajador en caso de un despido sin justa causa”. Para las organizaciones que representan a quienes ofrecen su fuerza productiva, la cesantía es “un pilar de la estabilidad en el empleo y un instrumento de dignidad y amparo”.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
El conjunto de empresarios ha prometido que al mitigar el alcance de la ley que obliga a indemnizar a los trabajadores, sin eliminarla de manera absoluta, sino mediante ajustes que beneficien a todas las partes, se incentivaría la formalización de más contratos laborales que en la coyuntura actual. “Se elevaría la ventaja competitiva y mejoraría la fluidez en el mercado de trabajo”. El liderazgo empresarial defiende su postulado de que la cesantía, en su formato actual, constituye un pasivo considerable que merma sus utilidades, y que al reformarla se generarían más puestos de trabajo en un país con alto desempleo, beneficiando sobre todo a las PYMES con problemas de liquidez para mantenerse en la esfera de la formalidad. A la estricta imposición de la cesantía se le atribuye la tasa de informalidad que sigue inalterada por encima del 50%. Son más los trabajadores dominicanos excluidos de la protección legal que aquellos que forman parte de las nóminas formales bajo un marco que garantiza regulaciones salariales, el salario de Navidad, el pago por preaviso y la afiliación a la Seguridad Social que, a pesar de sus imperfecciones, suple con creces el enorme vacío dejado por el IDSS.
EL INDICADOR DE EQUILIBRIO
Sin compromisos específicos con uno u otro bando, el exministro de Trabajo (y uno de los redactores del Código inicial), Rafael Alburquerque, se manifestó a favor de que la cesantía solo se revise si las partes logran un entendimiento; al tiempo que reconoció que cualquier ley que regule las interacciones entre empleadores y asalariados es susceptible de ser mejorada. Resaltó que el 98% del texto de la propuesta de reforma laboral consiguió armonizar exitosamente los puntos de vista del capital y del trabajo. Elogió el esfuerzo conjunto que alcanzó mejoras significativas en la legislación y en su momento invitó al sector empleador a solicitar la reanudación del diálogo tripartito si se siente insatisfecho, un diálogo que debió culminar en un acuerdo al que nunca se llegó. Fue categórico al señalar que en el ámbito laboral, la interlocución entre empresarios y sindicatos no debe interrumpirse para que la ley se adapte continuamente a las exigencias económicas y de desarrollo de la nación. Una fórmula intermedia opera con éxito en Uruguay, donde las indemnizaciones por despido cubren plenamente las necesidades de los cesantes sin recaer financiera y exclusivamente en los empleadores. Existe el Instituto de Previsión Social, una especie de entidad bancaria que funciona con un esquema tripartito, con aportaciones de los propios trabajadores, contribuciones de los empleadores y recursos presupuestarios. El 40% de los fondos destinados a indemnizar a los despedidos proviene de transferencias del Estado.
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