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Arriba a España el académico antifascista que huyó de EE. UU. después de recibir amenazas

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En una entrevista con el periódico The New York Times, Bray desmintió esas imputaciones, subrayando que es un académico y que «nunca ha formado parte de una organización Antifa».

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Nueva York, 10 de octubre (EFE). — El catedrático universitario estadounidense Mark Bray, especialista en movimientos antifascistas, arribó a España, confirmó su editorial a EFE, huyendo tras haber recibido amenazas de muerte y haber sido señalado por colectivos ultraconservadores.

Bray, docente de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, partió el jueves por la noche en compañía de su familia, después de que el miércoles no le fuera posible hacerlo porque, según la compañía aérea, sus reservas no figuraban en el sistema.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el pasado 26 de septiembre, Bray ha sufrido diversas amenazas; su información personal fue divulgada en internet, práctica conocida como «doxxing», y se vio forzado a suspender sus clases presenciales por temor a represalias.

Las amenazas coincidieron con la presentación, por parte de la delegación del grupo fundado por Kirk, Turning Point USA, en Rutgers, de una petición para que el profesor fuera despedido, acusándolo de pertenecer y financiar al movimiento Antifa, recientemente calificado como «grupo terrorista» por la administración de Donald Trump.

En una entrevista con el periódico The New York Times, Bray desmintió esas imputaciones, subrayando que es un académico y que «nunca ha formado parte de una organización Antifa».

«Se intenta retratarme como alguien que practica lo que investiga, pero eso no podría estar más alejado de la realidad», declaró el especialista al diario.

Bray es historiador, con énfasis en la Historia Moderna de España, y ha publicado varios libros sobre los movimientos antifascistas y anarquistas en Europa y Estados Unidos, entre ellos Antifa: The Antifascist Handbook.

Tras el homicidio de Kirk, la administración Trump lanzó una campaña contra lo que califica como «movimientos de extrema izquierda» y «terrorismo doméstico» en el país. Entre sus medidas figura la creación de un «grupo operativo» interagencial para perseguir a dichos colectivos, así como la firma de una nueva directiva de seguridad nacional destinada a «desmantelar» organizaciones que considera radicales.

En dicho documento, el gobierno señala valores como «anticristianos», «antiestadounidenses», «anticapitalistas» y la «hostilidad contra las visiones tradicionales de la familia» como indicadores de «violencia radical de izquierda».

Antifa no constituye una entidad formal y estructurada, pese a que el Gobierno la ha etiquetado como tal, según afirman entidades expertas en grupos y discursos de odio como el Southern Poverty Law Center (SPLC) o la Anti‑Defamation League.

El SPLC describe a Antifa como «un amplio movimiento comunitario formado por individuos que se organizan contra la injusticia racial y económica; quienes se identifican con esta etiqueta representan un espectro amplio de la izquierda política».

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