Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
— Barbón: “Asturias pondrá en marcha todos los recursos legales para eliminar el peaje del Huerna”.
Todos los esfuerzos se centran en suprimir el peaje del Huerna sin temer al enfrentamiento con el Gobierno central. Las administraciones de Asturias, Galicia y Castilla y León actuarán de forma conjunta para solicitar al Ministerio de Transportes la cancelación de los peajes de la AP‑66 y la AP‑9, cuyas prórrogas fueron consideradas ilegales según un reciente dictamen de la Comisión Europea. Aunque hasta ahora la postura del Ejecutivo central ha sido clara y descarta eliminar los peajes, los gobiernos autonómicos han decidido alzarse en conjunto.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, explicó hoy viernes, en una entrevista concedida a la TPA, que a partir de ahora las comunicaciones con el Ministerio de Transportes “en la medida de lo posible serán coordinadas” entre las tres comunidades autónomas. Calvo añadió que, aunque sabe que el proceso será extenso, mantendrán las reivindicaciones porque son legítimas y que habla en representación del Principado y de la sociedad asturiana.
La Comisión Europea ha puesto a España bajo presión por las concesiones de dos autopistas estratégicas: la AP‑9, que atraviesa Galicia, y la AP‑66, que une a Asturias con León. Bruselas lanzó en julio un ultimátum: si el Gobierno no corrige esas concesiones, llevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE. El motivo, según la Comisión, es evidente: se vulneraron las normas comunitarias de contratación pública.
El conflicto se remonta al año 2000, cuando el Ejecutivo amplió la concesión de ambas autopistas —25 años más en el caso gallego y 29 en el asturleonés— y posteriormente vendió las concesionarias sin convocar concurso ni publicarlo en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva comunitaria.
En septiembre, el Ministerio de Transportes respondió interponiendo un recurso contra el procedimiento de infracción. El secretario de Estado, José Antonio Santano, dejó claro que tocar esas concesiones no es un trámite menor: cualquier rescate o modificación de los peajes tendría, según afirmó, “implicaciones jurídicas y económicas de miles de millones”.
El Gobierno asturiano ya ha anunciado que, a partir de ahora, trabajará de la mano con Galicia y Castilla y León, comunidades afectadas por el trazado de la AP‑66, para coordinar acciones y solicitar más información sobre el expediente abierto en Bruselas.
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, reconoce el “desacuerdo político” con el Gobierno central respecto a la supresión del peaje del Huerna, pero el Principado seguirá “luchando políticamente” porque existen “razones legales y jurídicas de peso” para eliminarlo.
Las críticas del Ministerio de Transportes, que acusaban al consejero de desviar la atención y de alimentar el “discurso ventajista, cínico y mentiroso” del PP, fueron descartadas rápidamente por Calvo: forman parte del “juego mediático” al que no pretende “dedicar ni un minuto”. El debate sobre el Huerna, subraya, “es claro y transparente, sin necesidad de mensajes anónimos”.
De hecho, el consejero duda incluso de que esas palabras provinieran directamente del ministro Óscar Puente, quien, como recuerda, sabe bien que tanto el Gobierno asturiano como la FSA‑PSOE han defendido siempre la supresión del peaje. Calvo apunta, además, a la responsabilidad del PP en la prórroga de la concesión pactada en el año 2000.
La publicación, en julio, del dictamen de la Comisión Europea supuso, según él, el punto de inflexión: “convirtió las sospechas en realidades” al consignar por escrito las irregularidades. Desde entonces, el Principado afirma haber “pisado el acelerador” con medidas políticas, sociales y jurídicas para lograr la eliminación definitiva del peaje.
El procedimiento abierto en Bruselas, reconoce, “será largo”. Por eso Asturias ya explora alternativas legales dentro del territorio español mientras mantiene la coordinación con Castilla y León —por donde también pasa la AP‑66— y con Galicia, afectada por la prórroga de la AP‑9, que la Comisión Europea también considera irregular.
Mientras tanto, Calvo recuerda que el Ministerio tiene margen para bonificar el peaje al 100 %, aunque ello requeriría incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Se podrían articular reducciones puntuales mediante decreto, admite, pero “la mejor herramienta son los presupuestos”.
El consejero insiste en que habla no solo en nombre del Gobierno autonómico, sino de “toda la sociedad asturiana”, que lleva años reclamando el fin del peaje. Y confía en que la movilización prevista para el próximo 17 de octubre en Oviedo sea “un éxito”.
