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Nueva York.- Comerciantes ambulantes y repartidores de comestibles, en su mayoría inmigrantes, solicitaron este miércoles al Concejo municipal neoyorquino la aprobación de diversas iniciativas legislativas diseñadas para disminuir las fricciones con las autoridades y el peligro de arresto o deportación por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los trabajadores —procedentes de múltiples naciones, sobre todo de Latinoamérica— se congregaron con el respaldo de varios gremios para urgir la votación del conjunto de cuatro proyectos de ley antes del receso de fin de año.
Miles de recién llegados en la reciente oleada migratoria de los últimos dos años han optado por ganarse la vida vendiendo en la calle o como “delivery men” (repartidores de alimentos), y muchos viven con aprensión ante las redadas migratorias.
“No me queda otra opción que salir a laborar, debo mantener a mi familia”, fue una frase recurrente entre los oradores durante la rueda de prensa, seguida de varias marchas alrededor del edificio del ayuntamiento.
Una de las propuestas apunta a aumentar los permisos para vendedores ambulantes, una reivindicación de antaño. Desde 1979, el municipio ha limitado el número de licencias a poco más de 800 anualmente, a pesar de las miles de solicitudes pendientes.
La escasez de licencias ha generado un esquema de penalizaciones que, solo en 2024, ha resultado en más de 13.000 multas para los vendedores.
“Rosa” (nombre cambiado), una vendedora de frutas de Ecuador que emigró este año “por falta de sustento y por recibir amenazas en mi país”, compartió con EFE que la policía le confisca su mercadería e impone sanciones de hasta 1.000 dólares.
De acuerdo con la organización no gubernamental Street Vendor Project, que agrupa a más de 2.500 vendedores, existen 23.000 comerciantes ambulantes en Nueva York, de los cuales 20.500 se dedican a la venta de comida. Los principales países de origen son México (30 %), Ecuador (24 %), Egipto (20 %), Senegal (7 %) y Estados Unidos (4 %).
Otro proyecto busca impedir que las plataformas de reparto “desconecten” a los trabajadores sin un motivo válido y que las infracciones viales sean tratadas como faltas leves, y no como “cargos criminales”, como las ha calificado la administración actual del alcalde Eric Adams, un exoficial de policía.
Bajo el sistema vigente, muchos repartidores son convocados a tribunales penales, donde enfrentan el riesgo de ser retenidos por el ICE.
Se estima que en la ciudad operan cerca de 80.000 repartidores de alimentos, de los cuales el 80 % son inmigrantes.
Aún quedan pendientes cuatro sesiones informativas para debatir las propuestas, y la cabeza del Concejo Municipal, Adrienne Adams, no ha emitido declaración alguna. Los manifestantes la acusaron de favorecer a las compañías de aplicaciones e ignorar las peticiones de los trabajadores.
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