Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — Bajo la presidencia de Donald Trump, la lucha contra el narcotráfico guarda una similitud notable con la guerra contra el terrorismo.
Para justificar los ataques contra pandillas y cárteles de drogas en Latinoamérica, el gobierno de Trump se apoya en un argumento legal que cobró relevancia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este marco permitió a las autoridades estadounidenses usar fuerza letal contra miembros de Al Qaeda, responsables de los ataques al World Trade Center y al Pentágono.
No obstante, los grupos que ahora son el foco de la acción militar de Estados Unidos son un adversario muy distinto. Han surgido de las cárceles venezolanas y su motivación no es una ideología antioccidental, sino el tráfico de estupefacientes y otras prácticas delictivas.
Según expertos en derecho, el uso de una fuerza militar abrumadora por parte de Trump para combatir a estos grupos —junto con la autorización de operaciones secretas dentro de Venezuela, posiblemente destinadas a derrocar a su presidente, Nicolás Maduro— excede los límites del derecho internacional. Todo esto sucede mientras Trump amplía el despliegue militar en territorio nacional: ha movilizado a la Guardia Nacional en varias ciudades y ha manifestado su disposición a invocar la Ley de Insurrección, una norma de casi 150 años que solo permite el uso de tropas en situaciones excepcionales de disturbios civiles.
Hasta el momento, el ejército ha causado la muerte de al menos 27 personas en cinco ataques a navíos que, según la Casa Blanca, eran utilizados para el transporte de drogas.
Estas misiones, la más reciente de las cuales se llevó a cabo el martes y resultó en seis muertes, se han ejecutado sin la debida investigación legal ni la tradicional declaración de guerra por parte del Congreso. Esto plantea serias interrogantes sobre la justificación de las acciones de Trump y el posible impacto en las relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas, que aún guardan un profundo resentimiento por las múltiples intervenciones militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
La propia comunidad de inteligencia de EE. UU. ha manifestado dudas sobre la afirmación central de Trump: que el régimen de Maduro coopera con la pandilla Tren de Aragua y organiza el flujo de narcóticos e inmigración irregular hacia territorio estadounidense.
“No se puede simplemente llamarle guerra”
La declaración de Trump de que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga se basa en la misma autoridad legal invocada por la administración de George W. Bush al declarar la guerra contra el terrorismo después del 11-S. Esto incluye la potestad de capturar y retener combatientes, así como la utilización de fuerza letal para neutralizar a sus líderes.
Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas prohíbe explícitamente el empleo de la fuerza, salvo en situaciones de defensa propia.
“No puedes sencillamente llamar a algo guerra para arrogarte poderes bélicos”, afirmó Claire Finkelstein, catedrática de Derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Pensilvania. “Por más que nos frustren los métodos y resultados de los esfuerzos policiales para detener el narcotráfico, sugerir que estamos en un conflicto armado no internacional con los cárteles es una burla al derecho internacional”.
Tras el 11 de septiembre, la intención manifiesta de Al Qaeda era perpetrar más ataques que causaran bajas civiles. Por el contrario, el principal objetivo de los cárteles es la venta de sustancias ilícitas. Aunque esta actividad es perjudicial para la seguridad general de Estados Unidos, es una base muy cuestionable para invocar poderes militares, señaló Geoffrey Corn, profesor de Derecho en la Universidad Tecnológica de Texas y exasesor principal del ejército en derecho de guerra.
“Bajo mi punto de vista, la administración desea invocar poderes de guerra por múltiples razones”, incluyendo motivaciones políticas, añadió Corn.
“Incluso aceptando que existe un conflicto armado con el Tren de Aragua, ¿cómo podemos asegurar que todos los ocupantes de esa embarcación eran combatientes enemigos?”, se preguntó. “El Congreso debería tener esa información”.
Trump defiende los ataques
Interrogado el miércoles en la Casa Blanca sobre por qué Estados Unidos no emplea a la Guardia Costera para detener embarcaciones venezolanas y confiscar la droga, Trump respondió: “Llevamos 30 años haciendo eso y ha sido completamente ineficaz”.
El presidente también deslizó la posibilidad de atacar objetivos dentro de Venezuela, una acción que incrementaría considerablemente las tensiones y las implicaciones legales. Hasta ahora, los ataques se han restringido a aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier país.
“Hemos paralizado casi completamente el flujo por vía marítima”, dijo Trump sobre el narcotráfico. “Ahora lo detendremos por tierra”.
Al mandatario también se le preguntó sobre un informe del New York Times que aseguraba que había autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Trump, un crítico acérrimo de la invasión estadounidense a Irak que derrocó al gobierno de Saddam Hussein en 2003, rehusó confirmar si había dado a la CIA autorización para eliminar a Maduro, juzgando “ridículo” responder.
Varias leyes y decretos ejecutivos estadounidenses, vigentes desde los años 70, prohíben el asesinato de funcionarios extranjeros. Sin embargo, al calificar a los venezolanos como combatientes ilegales, Trump podría estar buscando eludir estas restricciones y retornar a una época anterior en la que Washington realizaba regularmente misiones secretas para promover cambios de régimen en países como Guatemala, Chile o Irán.
“Si represents una amenaza y estás en guerra con Estados Unidos, no eres una persona protegida”, explicó Finkelstein.
Durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado en Estados Unidos de delitos federales relacionados con drogas, incluyendo narcoterrorismo y asociación delictiva para la importación de cocaína. Este año, el Departamento de Justicia duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, acusándolo de ser “uno de los mayores traficantes de drogas del mundo”.
No obstante, la estrategia de Trump hacia Venezuela ignora un elemento fundamental del tráfico de drogas: la mayoría de las fatalidades por sobredosis en Estados Unidos se deben al fentanilo, que ingresa principalmente por tierra desde México. Y aunque Venezuela es una vía de paso relevante para las drogas, cerca del 75% de la cocaína producida en Colombia —el principal productor global— se trafica por el océano Pacífico oriental, no por el Caribe.
Congreso y CPI, al margen
Según la Constitución, la prerrogativa de declarar la guerra recae en el Congreso. Sin embargo, por ahora, son escasas las señales de que los aliados de Trump vayan a oponerse a la visión expansiva del presidente sobre sus propias facultades para perseguir a los cárteles, a los que la Casa Blanca responsabiliza de las decenas de miles de muertes por sobredosis que ocurren cada año en el país.
El Senado, dominado por el Partido Republicano, desestimó recientemente una resolución presentada por los demócratas sobre poderes de guerra. Dicha medida habría obligado al presidente a solicitar la aprobación congresional para futuras ofensivas militares.
A pesar de la presión, incluso por parte de algunos republicanos, para ofrecer una justificación más detallada, el gobierno de Trump todavía no ha entregado a los legisladores pruebas que confirmen que las embarcaciones atacadas por el ejército transportaban narcóticos, según informaron a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses con conocimiento del tema. El senador independiente Angus King, de Maine, indicó que, durante una sesión informativa clasificada este mes, tanto a él como a otros miembros del Comité de Servicios Armados del Senado se les negó el acceso al dictamen legal del Pentágono sobre si los ataques se ajustaban a la legislación estadounidense.
Tampoco la oposición legal tiene visos de influir en la Casa Blanca. Una decisión de la Corte Suprema, que surgió a raíz del intento de una congresista demócrata en 1973 de demandar al Pentágono para frenar la extensión de la Guerra de Vietnam a Laos y Camboya, estableció un umbral muy estricto para cualquier impugnación legal a las órdenes militares, afirmó Finkelstein.
Los familiares de los venezolanos fallecidos en las operaciones enfrentan sus propias dificultades legales, dado que varios dictámenes de la Corte Suprema han limitado la capacidad de los ciudadanos extranjeros para presentar demandas en Estados Unidos.
Los ataques militares tuvieron lugar en aguas internacionales, lo que podría permitir a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación, similar a las que lleva a cabo por presuntos crímenes de guerra contra Rusia e Israel, naciones que, al igual que Washington, no reconocen la autoridad del tribunal.
No obstante, el tribunal con sede en La Haya se ha visto inmerso en una investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada que forzó la renuncia de su fiscal jefe. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, a raíz de la acusación de la CPI contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también han mermado su trabajo.
Esta nota fue traducida del inglés por un editor de AP, con la asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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