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La nación avanza al Nivel 2 gracias a sus acciones contra la trata de personas, aunque continúan los retos en la detección de víctimas y en la salvaguardia de los trabajadores migrantes.
El Ejecutivo dominicano ha conseguido progresos relevantes en el combate a la trata de personas, pese a que todavía no satisface completamente los criterios internacionales.
De acuerdo con el Informe de Trata de Personas 2025, la nación fue promovida al Nivel 2 por el incremento de indagaciones, procesamientos y acciones preventivas adoptadas respecto al periodo previo.
Este progreso fue comunicado hace quince días por el presidente Luis Abinader, en su intervención en La Semanal con la Prensa, aunque en ese momento no brindó información adicional.
El documento resalta como éxitos la reforma de la Ley 137‑03, que suprime la necesidad de probar fuerza, fraude y coacción en casos con menores; la elaboración del Plan de Acción Nacional 2025‑2028; y la puesta en marcha de un proyecto piloto para inscribir a trabajadores migrantes, asegurando su libre desplazamiento y disminuyendo su exposición al trabajo forzado.
En 2024, las autoridades abrieron 229 investigaciones de trata, 216 de ellas vinculadas a la explotación sexual y 13 al trabajo forzado; además, se procesaron a 78 presuntos traficantes, entre los que se encontraban algunos funcionarios supuestamente cómplices.
No obstante, la corrupción y la colusión oficial siguen representando retos significativos que entorpecen la persecución penal adecuada.
En cuanto a protección, el gobierno reconoció a 136 víctimas, tanto locales como internacionales, y las canalizó a servicios de asistencia estatales o de ONG. Sin embargo, continúan las restricciones en la atención a personas explotadas laboralmente, a hombres y a comunidades rurales o fronterizas.
Adicionalmente, la carencia de documentos para personas apátridas sigue poniendo a estas en situación de vulnerabilidad y posible explotación.
El informe enfatiza la urgencia de reforzar la coordinación entre el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General, ampliar la formación del personal y garantizar la completa aplicación de la ley de nacionalidad para disminuir la vulnerabilidad a la trata.
De igual forma, sugiere intensificar la detección proactiva de víctimas en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción, el turismo y entre migrantes antes de su deportación.
A pesar de los obstáculos, el informe reconoce los esfuerzos del gobierno dominicano por perfeccionar la normativa, intensificar las inspecciones laborales, sancionar a empresas con señales de trabajo forzado y fortalecer programas de prevención y concienciación.
Sin embargo, especialistas subrayan que se requiere un enfoque más integral para proteger a todas las víctimas y asegurar una justicia eficaz contra los traficantes.
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