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La movilidad humana, aunque se presenta como una actividad normal y habitual en la vida de las personas, se erige como uno de los asuntos más complejos y discutidos en el panorama político de hoy.
Parecen temas distanciados de las cifras de víctimas y siniestros: hablar del respeto al orden democrático como sistema político, del derecho a la participación cívica y de los grupos organizados en las decisiones de seguridad vial para poner en práctica medidas realmente eficaces.
En realidad, constituyen una concatenación lógica y fundamental para abordar problemas como la seguridad vial de forma completa y perdurable, hasta el punto de que dejar de lado estos elementos “institucionales” sería como tratar solo las manifestaciones de una enfermedad sin atacar sus verdaderas raíces.
Los gobiernos afrontan desafíos enormes al tratar de asegurar sistemas de transporte que sean eficientes, sostenibles, equitativos y también seguros, que satisfagan las crecientes necesidades de una población en constante desplazamiento y con ambiciones, mientras gestionan de forma aislada asuntos como la flota vehicular, la saturación, la contaminación, la accesibilidad, el costo, la instrucción, la supervisión y las infraestructuras.
Entre las aspiraciones se encuentra, de forma particular, el anhelo de poseer un vehículo como señal de progreso, desarrollo y bienestar personal. No obstante, su incremento sin control genera aún más complicaciones.
El diseño de políticas públicas que logren balancear todas estas prioridades, considerando una Estrategia Nacional de Desarrollo pendiente de revisión en el momento actual en la República Dominicana, alineada con los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático, exige más que una visión estratégica, un auténtico compromiso con la innovación y la justicia social, sin dejar de lado las limitaciones de un presupuesto ajustado.
De ahí surge el nuevo concepto de movilidad que es sostenible, saludable y segura, basado en un modelo que pretende armonizar el impacto ambiental, social y económico del desplazamiento, sin perder de vista la consideración hacia el medio ambiente. Por lo tanto, el hecho de caminar de forma segura es también parte de esta mezcla.
La directriz actual es impulsar un Sistema de Enfoque Seguro donde el Ser Humano sea el eje principal de las políticas públicas de seguridad en los desplazamientos; por ello, tres pilares configuran el triángulo ideal para potenciar la movilidad sostenible: la democracia, la gobernanza y la gobernabilidad, con el fin de ofrecer un marco sólido para la toma de decisiones, la participación ciudadana y la aplicación efectiva de las disposiciones.
La primera legitima las políticas mediante la intervención de la ciudadanía en las decisiones. Por su lado, la gobernanza concierne a la efectiva coordinación entre el gobierno central, las administraciones locales y otros actores relevantes de la sociedad civil con el fin de reforzar los objetivos.
Mientras tanto, al hablar de gobernabilidad nos referimos a garantizar que las decisiones consensuadas se lleven a cabo sin provocar inestabilidad social, política o económica.
Las experiencias exitosas demuestran que en ciudades que unen la participación de la ciudadanía, la planificación y la aceptación social para impulsar la movilidad de las tres “S”: Segura, Saludable y Sostenible, se logra transformar un problema reactivo en una oportunidad de desarrollo que es inclusivo y duradero.
En conclusión, de forma simple y sencilla, la gobernanza, la gobernabilidad y la democracia constituyen el triángulo perfecto para una movilidad segura, ya que permiten la coordinación de recursos, aseguran la ejecución y confieren legitimidad a las acciones que buscan el bienestar de todos.
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