Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Un grupo de más de quince integrantes de la Dicrim se desplazó a la calle Ramón Matías Mella, en Guachupita, donde se los pudo ver subiendo escaleras móviles para retirar los dispositivos de seguridad instalados en los postes de luz.
Este lunes, Listín Diario publicó un reportaje en el que dio a conocer las denuncias verificadas por vecinos y agentes de la Policía Nacional sobre el uso de cámaras de video por parte de delincuentes para vigilar las acciones de los cuerpos de seguridad en Guachupita, Distrito Nacional.
Horas más tarde, más de quince miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) llegaron a la calle Ramón Matías Mella del citado sector, y se los observó subiendo escaleras móviles para desinstalar dichos dispositivos de seguridad asentados en los postes de luz, gestionados por bandas criminales.
La inquietud de la comunidad fue confirmada por los reporteros de este medio el 28 de septiembre, al inspeccionar la zona de la capital mientras dos jóvenes eran perseguidos por las autoridades policiales por presuntos delitos.
Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez, de 21 años (conocido como “Mazazo”), se mantenían atrincherados y armados dentro de una vivienda ubicada en la misma calle donde estaba instalado el sistema tecnológico.
Tras aproximadamente dos horas de espera, los sospechosos se entregaron voluntariamente a los más de treinta policías que rodeaban la casa. Antes de ello, varios oficiales aseguraron a los periodistas de esta rotativa que los jóvenes utilizaban las cámaras para anticipar intervenciones policiales y observar cualquier intento de ataque por parte de un grupo criminal rival.
Aunque los periodistas no pudieron acceder al interior de la vivienda, otras personas que intervinieron para lograr su entrega voluntaria a las autoridades lo consiguieron, documentando con videos grabados en teléfonos móviles a los fugitivos a quienes un tribunal había emitido tres órdenes de arresto.
En redes sociales se difundió una publicación que muestra a los jóvenes dentro de una habitación de su hogar, ocultos con un arma de fuego y atentos a cada movimiento del contingente policial que los rodeaba.
Aun ocho días después, las cámaras no habían sido retiradas, pese a que los cuerpos de seguridad asignados a la zona estaban “conscientes de su uso delictivo”, según manifestaron algunos residentes que prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias.
“Después de que se las llevaron, por aquí no ha vuelto ningún policía a desmontar las cámaras y ellos (los agentes) saben para qué sirven esas cámaras…”, comentó un habitante.
Sin embargo, luego de la publicación realizada por este medio, las autoridades locales optaron por retirar los aparatos.
Más casos
Según compilaciones periodísticas, en el país se han registrado al menos cuatro incidentes similares, en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el Distrito Nacional. El Poder Ejecutivo está al tanto de esta práctica habitual implementada desde hace años por grupos delictivos, como afirmó el entonces ministro de la Presidencia, Joel Santos, el 5 de agosto del año pasado. No obstante, estos hechos aún no han sido erradicados.
Agregar Comentario