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Madrid, 16 oct (EFE).- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha dado luz verde en su congreso de carácter internacional, con una amplia mayoría de votos, a una resolución que pide que se reconozca el ecocidio como un delito de gravedad contra el medio ambiente.
La organización Stop Ecocidio Internacional fue la impulsora de esta iniciativa, presentada como la Moción 061, durante el transcurso del congreso en la ciudad de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). La propuesta fue aprobada “con una nítida mayoría de los sufragios emitidos por los Estados y las agencias gubernamentales (un 62 % a favor), y por un apoyo imponente de las ONG y agrupaciones de pueblos originarios (93 %)”, según un comunicado de la organización en España.
Esta determinación sienta las bases para ejercer una presión global con el fin de que las naciones incorporen el ecocidio en sus marcos legales domésticos y promuevan su aceptación como un crimen autónomo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El visto bueno a la moción significa que la UICN, un organismo de relevancia mundial cuyas decisiones suelen servir de guía para la política ambiental a escala nacional e intergubernamental, reclama que el ecocidio sea tratado como un crimen serio tanto en la legislación interna como en la internacional.
La propuesta, presentada por Stop Ecocidio Internacional bajo la denominación de Moción 061, exhorta a los Estados a actuar en varios frentes:
La moción también felicita a aquellos Estados que han tomado la delantera en la promulgación de leyes sobre el ecocidio e invita a otros a analizar la adopción de normativas similares en su ámbito nacional.
Jojo Mehta, directora ejecutiva y cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, remarcó que la ratificación de esta moción “marca un giro fundamental”.
La UICN congrega a una vasta coalición de gobiernos, sociedad civil, colectivos indígenas y científicos expertos. Según Mehta, su respaldo al reconocimiento del ecocidio como un delito, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, “transmite un mensaje potente a los Estados y a los legisladores del planeta”.
Para la directora ejecutiva, este reconocimiento “deja de considerar la agresión más seria a la Naturaleza como un mero coste empresarial y la convierte en un crimen grave”. Subrayó, además, que la definición de límites claros en el derecho penal “sirve para disuadir la toma de decisiones imprudentes, alinea los mercados con las restricciones ecológicas y ratifica el derecho de las comunidades y los ecosistemas a obtener justicia cuando los perjuicios son severos y permanentes”.
“La ola de apoyo internacional está creciendo”, aseveró Mehta. “Vanuatu, Fiyi y Samoa están liderando la iniciativa ante la Corte Penal Internacional, con el apoyo de la República Democrática del Congo, mientras se desarrollan marcos jurídicos regionales para el ecocidio en Europa y África”.
“La UICN añade ahora su peso y autoridad”, expresó Mehta, quien afirmó que “el camino a seguir es innegable. La tipificación del ecocidio como delito está evolucionando rápidamente de ser una exigencia ética a convertirse en una prioridad legal compartida”.
La moción contó con el copatrocinio del Gobierno de Vanuatu, que ha encabezado la propuesta formal de 2024 ante la Corte Penal Internacional junto con los gobiernos de Fiyi y Samoa, y que ahora se beneficia también del apoyo de la República Democrática del Congo, además de relevantes ONG de dimensión global.
Entre las entidades participantes se encuentran: Fundación Oxígeno, Fundación Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Sociedad Española de Biología de Conservación de las Plantas (Sebicop), Vitalis, Fundación Charles Darwin, Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador), Pronaturaleza (Perú), Lidema (Bolivia), Fundación Hábitat y Desarrollo (Argentina), Preserve Planet (Costa Rica), ARPEMG Brazil, y organizaciones de pueblos originales como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y AIDESEP (Perú).
También colaboran The Wildlife Trusts, Fundación Born Free, Fundación Gallifrey, Earth League International, Earth Law Center, Synchronicity Earth, A Rocha Ghana, Asociación de Abogados Ambientalistas de Bangladesh, The Conflict and Environment Observatory, Africa Institute for Energy Governance y Environment and Conservation Organisations of Aotearoa New Zealand. EFEverde
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