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Florida, Estados Unidos.- El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana por cargos como lavado de dinero o desvío de fondos, fue aprehendido en territorio estadounidense.
Según consta en los registros oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el cónyuge de Inés Gómez Mont se halla actualmente recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, ubicado en Miami.
La captura, notificada por las autoridades migratorias de EE. UU., no se vincula directamente a los procesos fiscales en México, si bien podría desencadenar un proceso de extradición.
De acuerdo a información provista por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), Álvarez Puga fue ingresado hace aproximadamente un mes en el Krome North Service Processing Center, una instalación diseñada para la gestión de migrantes sin estatus regular, antes que para individuos acusados de infracciones penales.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra la exconductora y su esposo por múltiples delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con capitales de origen ilícito.
Víctor Manuel Álvarez Puga, de profesión abogado y fundador junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por la supuesta utilización de sociedades mercantiles fantasmas y por urdir operaciones dirigidas a la malversación de recursos públicos y la evasión de impuestos.
Dicho bufete legal, que cuenta con representación en 45 poblaciones mexicanas, ha sido puesto bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera debido a su presunta participación en una trama que facilitó el blanqueo de activos y el desfalco de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Simultáneamente, empresas catalogadas como ficticias habrían simulado procesos de licitación y falsificado documentos oficiales con el propósito de obtener acceso a fondos reservados, pretextando razones de seguridad nacional.
La orden de aprehensión fue emitida por el juez de control Alberto Torres, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en fecha del 14 de octubre del año 2021.
En noviembre de 2018, Gómez Mont intentó zanjar el conflicto abonando alrededor de 11 millones de pesos en contribuciones federales. A pesar de esto, la autoridad determinó posteriormente que aún existía un saldo pendiente de 2 millones 604 mil pesos, lo cual impidió el cierre definitivo del expediente. (El Heraldo de Saltillo)
