Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
DGCP y la Unidad Antifraude entregan documentación a la PGR sobre red de proveedores con manejos ilícitos en compras gubernamentales
Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), ha enviado este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente técnico que detalla la existencia de un esquema organizado de suplidores que, mediante artimañas, habría falseado procedimientos de contratación con el Estado, involucrándose además en presuntos actos de coacción, chantaje y posibles nexos con funcionarios públicos, perjudicando directamente la sana competencia y la igualdad de participación de licitantes.
El legajo, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la CGR, a partir del escrutinio minucioso de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, expone la actuación sincronizada de varias firmas relacionadas que habrían aprovechado diferentes denominaciones sociales para simular rivalidad, repartirse adjudicaciones y apartar a otros oferentes legítimos.
La DGCP ha comunicado que entre las entidades señaladas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, además de otras vinculadas, las cuales presentan esquemas similares de participación mutua, alternancia en las firmas ganadoras y acumulación de contratos en nichos específicos del mercado estatal.
El documento también recopila declaraciones de proveedores perjudicados, quienes reportaron amenazas, presiones y coerciones para renunciar a adjudicaciones ganadas legítimamente, lo que evidencia la presencia de mecanismos de amedrentamiento y alteración que desvirtúan la claridad y la equidad de los procesos.
El análisis concluye que las acciones observadas contravienen los preceptos de igualdad, concurrencia y libre competencia establecidos en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas engañosas, acuerdos colusorios y otras transgresiones penales tipificadas en la legislación dominicana.
Mediante un comunicado de prensa, la DGCP ha indicado que oportunamente remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, en ejercicio de sus potestades legales, profundice en el examen de posibles confabulaciones y distorsiones del mercado en las adquisiciones públicas.
Pimentel subraya compromiso con la probidad
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró la labor conjunta con la Unidad Antifraude y recalcó la misión institucional de salvaguardar los fondos públicos y asegurar la transparencia del sistema.
“Este informe, resultado de la colaboración entre la DGCP y la Unidad Antifraude, evidencia la eficacia del control previo y la revisión técnica de datos para descubrir esquemas fraudulentos. Estas conductas atentan contra la competencia leal, las oportunidades equitativas y el erario nacional. Hemos entregado toda la información a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones que correspondan y apliquen las sanciones pertinentes”, declaró Pimentel.
Por su parte, Leónidas Peña, encargado de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el análisis técnico permitió identificar patrones de colusión, intercambio de roles entre postulantes y uso de información reservada. “La utilización avanzada de herramientas de análisis, la rastreabilidad de la información y la coordinación entre entidades fueron cruciales para identificar este entramado. Este informe es un ejemplo del impacto positivo del trabajo articulado entre las instancias de fiscalización para robustecer la rectitud de las compras públicas”, señaló Peña.
Entre las acciones adoptadas por la DGCP para detectar el esquema se resaltan la vigilancia constante de los procedimientos de contratación y la intervención de un oficial de cumplimiento que derivó en la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, la cual clarifica el uso de la Carta de autorización del fabricante, eliminando su obligatoriedad como elemento inhibidor de la participación de oferentes.
Estas gestiones, sumadas al uso intensivo del SECP, el estudio de datos históricos y la implementación de avisos de riesgo y seguimiento en los trámites, posibilitaron identificar patrones, nexos y comportamientos repetitivos que sustentan el hallazgo de las malas prácticas documentadas en el informe.
Con este acto, la DGCP y la Unidad Antifraude ratificaron su dedicación a la transparencia, la rectitud y la batalla contra el fraude y la corrupción en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, manteniendo su disposición de cooperar estrechamente con los organismos de control y sanción en defensa del patrimonio estatal y el interés ciudadano.
Agregar Comentario