Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos, la nación que ha cimentado su identidad sobre los pilares de la Primera Enmienda y la promesa inquebrantable de libertad, parece estar edificando en silencio un andamiaje que está reformulando lo que entendemos por democracia.
La pregunta obligada es: ¿Estamos simplemente imitando el modelo de vigilancia chino, o es que estamos dispuestos a desechar la tradición democrática y las libertades de las que tanto se ha alardeado? ¿Nos dirigimos hacia una supuesta nueva forma de gobierno que podríamos denominar el **Totalitarismo Democrático**?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha un nuevo **programa de vigilancia digital** impulsado por la inteligencia artificial. Este sistema tiene la capacidad de monitorizar a millones de usuarios en redes sociales en tiempo real. Se trata de un salto cualitativo sin precedentes que podría vulnerar seriamente los principios fundamentales de la constitución estadounidense.
La vigilancia masiva en plataformas sociales, sobre todo cuando se utiliza para elaborar perfiles políticos o ideológicos detallados de los individuos, termina sofocando el ejercicio de la libertad de expresión. Genera un temido “efecto disuasorio” *(*chilling effect*)*.
Cuando un ciudadano comienza a temer que sus publicaciones puedan ser malinterpretadas como subversivas o “riesgosas”, opta por la autocensura. Esto no se manifiesta como una limitación formal impuesta por ley, sino como una coacción psicológica, igual de efectiva para minar el debate público y la crítica.
La propia Corte Suprema de EE. UU., en el célebre caso *NAACP v. Alabama* (1958), ya estableció que forzar la revelación de listas de miembros de asociaciones civiles atentaba contra la libertad de expresión y de asociación.
La vigilancia algorítmica de ICE replica este mismo esquema de coerción, pero empleando herramientas con una capacidad de intrusión infinitamente mayor: hace visible lo privado, cuantifica lo ideológico y pretende predecir lo emocional.
El interrogante clave es: ¿Qué destino le espera a la famosa Cuarta Enmienda, que debería proteger contra “registros e incautaciones irrazonables” sin una orden judicial y sin causa probable? Su debilitamiento representa la erosión de un pilar fundamental de las libertades.
A pesar de esto, organizaciones como ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) han desarrollado programas que recopilan y analizan información personal sin necesidad de una orden judicial. Se escudan en la ambigua justificación de que los datos considerados “públicos” en redes sociales no requieren autorización específica.
El contrato, tasado en US$5.7 millones y formalizado con la empresa Zignal Labs a través de Carahsoft Technology, otorga a ICE una plataforma con facultades inauditas: procesar y analizar más de 8 mil millones de publicaciones diarias en más de 100 idiomas, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, visión por computadora y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Zignal Labs promociona su sistema como una herramienta de “inteligencia narrativa en tiempo real”, capaz de identificar patrones, emociones y conductas de riesgo en el universo de las redes sociales. No obstante, al ser utilizada por una agencia de control migratorio, esta promesa tecnológica se transmuta en un dispositivo de vigilancia a gran escala con el potencial de lesionar derechos esenciales.
Los algoritmos empleados por Zignal Labs y otros subcontratistas carecen de auditoría y transparencia, lo cual deja al ciudadano en indefensión ante cualquier decisión automatizada que pueda afectar su estatus migratorio o sus derechos civiles.
Entre las herramientas ya detectadas se incluyen aplicaciones de escaneo de iris, *software* avanzado para hackear teléfonos inteligentes y sistemas de rastreo que operan sin orden judicial, aptos para monitorear un dispositivo móvil incluso cuando ha sido apagado.
Documentos filtrados a *Wired* confirman que ICE tiene planes para establecer equipos de monitoreo de redes sociales que trabajarán 24 horas al día. Cerca de 30 contratistas se dedicarán a rastrear plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, X (antes Twitter), Reddit y YouTube desde sus instalaciones en Vermont y California.
La nueva generación de algoritmos de ICE establece como prioridad los perfiles basados en el idioma, la geolocalización y el comportamiento digital. Esto implica que aquellas publicaciones escritas en español o en dialectos latinos son sometidas a un análisis especial bajo la presunción de detectar “indicadores de riesgo migratorio”.
Activistas de derechos humanos alertan de que estas herramientas no solo se centran en identificar a personas indocumentadas, sino que persiguen y clasifican las interacciones de comunidades enteras, y de manera particular, de ciudadanos estadounidenses de ascendencia latinoamericana o hispana.
Las bases de datos empleadas fusionan información de fuentes privadas —como Thomson Reuters y LexisNexis— que comercializan perfiles digitales con hasta 10,000 datos únicos por persona, abarcando historial médico, nivel de ingresos, antecedentes escolares y hasta afinidades ideológicas.
Una simple publicación sobre temas sensibles como la inmigración, los derechos laborales, la religión o una crítica al gobierno estadounidense puede ser suficiente para incluir a un individuo en una lista de aquellos de “interés operativo”.
En 2025, el relanzamiento de este programa bajo la administración de Donald Trump ha exacerbado dichas prácticas de vigilancia.
El discurso oficial pone el acento en la seguridad fronteriza, pero en la práctica, se han documentado casos de detenciones de personas identificadas exclusivamente por su actividad digital, siendo víctimas habituales individuos de origen mexicano, salvadoreño y dominicano.
Los defensores de las libertades civiles argumentan que estos algoritmos inherentemente replican sesgos raciales y culturales, amplificando la discriminación estructural preexistente bajo una engañosa pátina de objetividad tecnológica.
Un factor que muchos no están considerando es la creciente influencia política: en las elecciones de 2024, los latinos elegibles alcanzaron los 36.2 millones, lo que constituyó el 14.7% del total del electorado en EE. UU. Para 2028, se proyecta que esta cifra ascenderá a 41.8 millones, llegando a representar cerca del 16% del electorado elegible.
La población latina en EE. UU. es notablemente más joven, lo que le confiere una “influencia por mayoría de edad” mucho más pronunciada que otros grupos poblacionales de mayor edad. Si este 16% del electorado elegible logra unificarse, se convierte instantáneamente en un factor estructural decisivo en la contienda electoral nacional.
En caso de que el bloque latino consiguiera mejorar su movilización en comparación con años anteriores, podría generar un “efecto multiplicador”: no solo más volumen de votantes, sino también una mayor preponderancia en los temas de agenda, una superior presencia mediática y campañas mucho más focalizadas.
Paradójicamente, los sistemas de análisis de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han clasificado ciertos patrones de “activismo transnacional” como posibles “indicadores de riesgo de radicalización o manipulación foránea”.
“Sabemos que nos están observando. Cuando alzas la voz sobre política o inmigración, te asalta el miedo de que lo utilicen en tu contra si intentas conseguir la residencia o la ciudadanía”, confiesa una activista dominicana de Washington Heights, solicitando estrictamente el anonimato.
Un documento oficial previo establecía el objetivo de monitorear 290,000 fuentes de información en más de 100 idiomas diferentes, con traducción automática al inglés, accesible en todo momento.
De forma paralela, el Departamento de Estado creó su propio frente informativo a través del **Global Engagement Center (GEC)**. Si bien su misión inicial era combatir la desinformación extranjera, terminó dedicándose a monitorear a audiencias internacionales, incluyendo a periodistas e *influencers*, bajo la bandera de una supuesta necesidad de seguridad informativa.
El GEC gestionó contratos con firmas privadas de análisis y destinó más de US$ 1.6 millones en servicios de monitoreo y asesoría, según consta en informes del Inspector General del Departamento de Estado.
Estos antecedentes demuestran que el programa de ICE dista de ser un incidente aislado. Es, en realidad, un componente de un vasto **ecosistema estatal de observación global**, donde la línea entre la inteligencia estratégica y la vigilancia civil se desvanece peligrosamente. Es, en esencia, la aplicación de lo mismo que se critica a China, pero a una escala universal.
Mientras Estados Unidos intensifica su maquinaria de control, Europa intenta levantar barreras legales protectoras.
El **Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)** impone límites rigurosos a la recolección de información personal y consagra la privacidad como un derecho humano fundamental.
Estados Unidos, en contraste, carece de una legislación sólida y de una autoridad independiente que garantice la privacidad ciudadana frente al uso invasivo de las tecnologías de inteligencia artificial.
Esta laguna regulatoria genera un riesgo crítico: que la información recopilada por el Estado, las grandes corporaciones o los partidos políticos termine siendo utilizada con fines de vigilancia política o manipulación social concertada.
Aún estamos a tiempo de evitar ese desenlace funesto, pero la experiencia estadounidense enseña que una vez que el Estado adquiere el poder de la observación total, rara vez cede esa prerrogativa. Esto nos acerca a que la democracia moderna se deslice hacia una **democracia totalitaria**, un tipo de régimen político que, aunque mantenga la apariencia o el lenguaje democrático, adopta una lógica política que se asemeja peligrosamente al totalitarismo clásico.
Lo que comenzó como una medida para conjurar amenazas externas se ha metamorfoseado en un sistema que ahora vigila a sus propios ciudadanos en busca de cualquier forma de pensamiento disidente, es decir, aquel que se niega a seguir al rebaño obediente, que piensa por sí mismo, opina y no acepta todo sin cuestionar.
Sus rostros, sus voces y sus opiniones, capturados por sistemas que originalmente prometían seguridad, son ahora los insumos de una maquinaria que mide la obediencia y castiga la diferencia.
El Estado, que antes era un guardián físicamente visible, se ha convertido en una **presencia invisible**, incrustada en la nube, capaz de anticipar nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras inclinaciones políticas.
Si no se establecen límites perentorios y claros, el concepto de seguridad dejará de ser una promesa para transformarse en el argumento perfecto que justifique el control absoluto. Es el fin de un Estados Unidos que defiende sus ideales constitucionales y democráticos, para pasar a copiar, con precisión alarmante, a la misma China que tanto critica. Aunque parezca sacado de un paralelo imaginario, se acerca a ser una verdad casi irrefutable.
El futuro que nos espera dependerá de si tenemos el coraje necesario para clausurar ese órgano de vigilancia antes de que sea irreversible. Estamos demasiado cerca de presenciar el advenimiento del **Totalitarismo Democrático absoluto** en América.
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