Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Entre marzo y agosto de 2024, Transcore Latam, S.R.L., siguiendo instrucciones de los acusados Jochi Gómez, Padovani Báez y Peguero Vargas, llevó a cabo instalaciones nocturnas no permitidas de nuevos controladores semafóricos. Reemplazaron dispositivos del sistema precedente con tecnología diferente a la homologada, sin el conocimiento ni el visto bueno del Intrant.
SANTO DOMINGO.- Los involucrados en la trama de corrupción del caso Camaleón ejecutaron acciones coordinadas para interferir con el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, con el fin de presionar y desestabilizar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tras la suspensión de un contrato con sus respectivas empresas.
Según la imputación del Ministerio Público, durante el año 2024, los señores José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, utilizando la tecnología de la firma Transcore Latam, S.R.L., manipularon el sistema de semaforización para ejercer presión sobre el Intrant y la Contraloría General de la República, institución que había paralizado el convenio en cuestión.
El expediente señala que el 8 de noviembre de 2023, tras una solicitud de hábeas corpus preventivo presentada por Padovani Báez, los implicados declararon a la prensa que “tenían el dominio (literalmente) de la red de semáforos” y que al día siguiente “procederían a inhabilitar los aparatos”. En actitud de desafío, agregaron: “Ojalá que Carlos Pimentel pueda dirigir el tránsito”, afirmando que lo harían “por orden de la compañía contratante”.
Estas manifestaciones públicas constituyeron una amenaza directa para la seguridad nacional y anticiparon la estrategia de boicot que se materializaría meses después como represalia ante los procesos legales en curso.
Entre marzo y agosto de 2024, Transcore Latam, S.R.L., bajo el mandato de los imputados Jochi Gómez, Padovani Báez y Peguero Vargas, realizó montajes nocturnos sin autorización de nuevos reguladores semafóricos. Cambiaron componentes del esquema previo por tecnología no aprobada, sin notificar ni obtener permiso del Intrant.
La cantidad de controladores instalados se incrementó de 80 a 124, mermando la capacidad de vigilancia y reacción del personal estatal. Además, se modificaron las cerraduras y gabinetes de control, impidiendo el acceso del personal del Intrant a los puntos clave. Esto resultó en una toma de control operativa de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, la cual pasó a depender exclusivamente del centro de mando de Transcore Latam, bajo el control directo de los acusados.
Los nuevos mecanismos técnicos instalados de forma irregular imposibilitaron que los técnicos del Intrant pudieran recalibrar o supervisar los tiempos de los semáforos, afectando la seguridad vial y la administración del tráfico.
A comienzos de agosto de 2024 empezaron a reportarse fallas esporádicas y cortes de energía en cruces importantes, particularmente en las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill, donde los semáforos permanecieron apagados durante horas, generando congestión vial y perturbando el orden público.
El 21 de agosto de 2024, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) alertó al Intrant sobre semáforos inmovilizados y pérdida de configuración en la intersección de la avenida 27 de Febrero con Gómez, donde se constató que el regulador había sido sustituido sin autorización oficial.
A raíz de este descubrimiento, el Intrant ordenó revisiones técnicas en toda el área central, hallando numerosos dispositivos colocados por Transcore Latam sin conocimiento formal.
El 26 de agosto de 2024, la Contraloría General de la República, a través de su Unidad Antifraude, presentó un Informe de Auditoría sobre el proceso de licitación pública nacional del Intrant. En dicho informe se detallaron serias incorrecciones y se señaló directamente a Jochi Gómez, Hugo Beras y otros funcionarios como responsables.
Ese mismo día se observó un incremento repentino de averías en los semáforos del Distrito Nacional, afectando vías como Tiradentes, Máximo Gómez, Ortega y Gasset y México.
El 27 de agosto de 2024, técnicos del Intrant confirmaron nuevas instalaciones de reguladores efectuadas durante la noche. En esa misma jornada, el Intrant notificó a Jochi Gómez que no tenía permiso para seguir con las labores e instruyó el cese de cualquier intervención.
Esta comunicación provocó una reacción airada de Gómez, quien contactó al director del Intrant, Milton Morrison, en tono intimidatorio, advirtiendo que retiraría el soporte técnico de los equipos pertenecientes a su empresa.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó que se formalice ante un Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el conocimiento de la audiencia preliminar y que se envíe a juicio a los implicados en el caso Camaleón, al considerar que existen evidencias suficientes que demuestran su culpabilidad en los sucesos detallados en la acusación.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
Agregar Comentario