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Estados Unidos empieza a aplicar su novedoso examen de ciudadanía, más extenso y exigente.
Legisladores del Partido Republicano han apoyado en la Cámara Baja la hipótesis del actual presidente, Donald Trump, que posibilitaría revertir gran parte de los indultos y decretos promulgados por su predecesor. Bajo el título ‘La gestión del autopen de Biden: Declive, Ficción y Engaño en la Casa Blanca’, el documento de cien páginas apoya la teoría conspiratoria de que el mandatario demócrata era meramente un instrumento, sentando así las bases para invalidar todo lo que firmó electrónicamente.
Biden no es, por asomo, el primer mandatario en utilizar la firma digital empleada por ejecutivos a nivel mundial. Legalmente, conforme a un memorando de 1929 del fiscal general de EE. UU., la rúbrica personal del presidente no es indispensable para que un perdón o conmutación sea válido; basta con su aprobación, tal como asegura el exmandatario que ocurrió en cada ocasión. Harry Truman, Gerald Ford, Barack Obama y una multitud de funcionarios del Gobierno federal, entre los que destaca por su uso frecuente el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, recurrieron a este sistema que les evita la parte protocolaria que Trump valora.
Para Trump, el reproche al autopen corrobora su idea de que Biden estaba demasiado mermado para gobernar y, en realidad, eran otras fuerzas ocultas de la “izquierda radical” quienes ejercían el control. Este debate no solo le permite desviar el foco hacia otros aspectos esenciales de las resoluciones tomadas por Biden, sino también invalidarlas, si el proceso iniciado por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes continúa.
Según el equipo del actual mandatario, el círculo cercano del presidente en la Casa Blanca “orquestó una de las mayores controversias de la historia de Estados Unidos: encubrir a un presidente con deterioro cognitivo y negar toda verificación de ese declive”, manifiesta el informe.
El comité estima que todas las acciones del mandatario suscritas con autopen, incluyendo el perdón preventivo con el que protegió a su hijo de las acciones políticas de Trump, deberían ser anuladas. “El precio de la maniobra para ocultar las secuelas del menoscabo físico y mental del presidente Biden fue considerable, aunque seguramente nunca se sabrá en su totalidad”, considera. “El ocultamiento puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la fe del país en sus líderes.”
El reporte no presenta evidencias e incluso emplea una relación de datos de campaña que no guardan relación con la administración de Biden, como sus resultados en sondeos electorales. Tampoco incluye las declaraciones de las entrevistas con los 14 miembros de su Gabinete a los que citó el comité, pero resalta especialmente a los tres que invocaron la quinta enmienda para no declarar, entre ellos el médico del presidente, Kevin O’Connor, para quien pide que le retiren su licencia profesional.
“Los tres deberían ser procesados”, afirma el informe, que sugiere a la fiscal general, Pam Bondi, iniciar una indagación judicial. Ella misma contestó en X agradeciendo el documento, que considera “de gran utilidad”, y aseguró que su equipo ya ha empezado una revisión del asunto.
Los demócratas han desestimado las imputaciones al no encontrarles sustento alguno, porque “como saben, el autopen es legal”, recordó a la prensa el congresista Robert García, integrante de dicho comité. Un representante del expresidente Biden interpretó que la investigación “sobre alegaciones sin fundamento ha confirmado lo que era evidente desde el inicio: el presidente Biden tomó las decisiones de su mandato. No hubo componenda, ni ocultamiento, ni falta de conducta”, declaró en un comunicado.
No obstante, si la administración de Trump sigue adelante con esa estrategia podría poner en duda muchas de las actuaciones de su predecesor. Hasta que la validez cuestionada sea resuelta por la Corte Suprema, eso añadiría otra capa de desorden y confusión al Gobierno estadounidense.














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