La designación de zonas protegidas es apreciada por los ecologistas

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Defienden la ampliación de la medida a los parques nacionales y la prevención de fraudes en los alrededores de esos territorios. Proponen una auditoría que investigue las titulaciones emitidas después de las declaratorias de áreas protegidas. En Santo Domingo, la designación de 757 millones de metros cuadrados como zona protegida y la reserva forestal de Loma Novillero fue calificada por los ecologistas como una acción “correcta, adecuada y relevante”, logrando el 80 % del total de superficies tuteladas en la historia del país bajo la gestión del Gobierno.

Milciades Mejía, ex‑presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la misma entidad, y José Manuel Mateo, miembro y antiguo director de áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respaldaron la iniciativa. De manera similar, Nelson Pimentel, presidente de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la RD, coincidió en que la decisión no solo es acertada, sino también indispensable y obligatoria para salvaguardar la titularidad de esos territorios de gran importancia, reclamada desde hace años.

El presidente Luis Abinader y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, describieron como un hecho sin precedentes la titulación de tantas áreas protegidas, lo que refuerza la consolidación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

“Es un avance significativo que debe aplicarse a todos los parques nacionales, de modo que el Estado cuente con autoridad no solo por decreto, sino también mediante la delimitación concreta”, señaló el botánico Milciades Mejía, ex director del Jardín Botánico Nacional. Según él, esta medida permite a los guardaparques y a las autoridades ambientales tener una visión más clara de los límites y evitar que dichos terrenos se enajenen en el futuro, considerándola “muy positiva”.

Pimentel insistió en que la política se extienda a nivel nacional, garantizando la protección y el cumplimiento de la obligación estatal de financiar esas propiedades, y proponiendo la creación de un fondo especial con participación del Estado y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que generan esos espacios, incluido el beneficio derivado del carbono. Asimismo, subrayó la necesidad de controlar los fraudes vinculados a la titulación cerca de áreas como Sierra de Bahoruco, Cotubanamá y otras, y de prevenir ocupaciones ilegales por parte de “avivatos”.

Tras aplaudir la medida, Luis Carvajal advirtió que lo esencial es no legitimar ocupaciones impulsadas a veces de forma clientelista y no promover la toma de tierras, manteniendo la tradición de que el proceso de apropiación y titulación no quede en manos de grupos delictivos. “Otro aspecto a considerar es que este procedimiento evite expropiaciones, sobre todo en zonas donde sectores con gran poder económico se han adueñado de extensas parcelas y han generado títulos irregulares; de lo contrario, el país queda atado a recursos en manos de quienes los obtuvieron de manera ilegítima”, apuntó.

José Manuel Mateo, quien también calificó la medida como adecuada, destacó que uno de los principales problemas en las áreas protegidas es el régimen de tenencia de la tierra, que genera conflictos porque muchas personas creen poseer derechos adquiridos antes de la declaratoria. “El Estado ha tenido que indemnizarlas, aunque suele ser moroso y toma decisiones sin considerar esos derechos previos. Ojalá que no sea una acción puntual en unos pocos metros y unas cuantas áreas, sino un programa nacional, sistemático y con metas claras a medio plazo”, comentó Mateo. Señaló que resolver el conflicto de la tenencia en las áreas protegidas fortalecerá la conservación, pues nadie podrá presentar reclamos, talar o explotar terrenos que pasarán a estar bajo titularidad del Estado dominicano.

Por último, Mateo resaltó otras limitaciones del SINAP, como la gestión, el presupuesto y el personal, que deben abordarse simultáneamente para reforzar la protección y el manejo de estas zonas, de las cuales dependen valiosos servicios ecosistémicos.