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Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el contratista José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros siete coacusados. Todos ellos están señalados como los principales responsables de sabotear el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo y de perpetrar actos clasificados como terrorismo.
Esta imputación se inscribe en el expediente conocido como “Operación Camaleón”, el cual emergió tras detectarse una serie de irregularidades en un contrato valorado en más de 1,300 millones de pesos, suscrito con la firma Transcore Latam para la instalación y modernización de la red semafórica.
Luego de la suspensión del acuerdo, el sistema de semáforos colapsó en dos ocasiones distintas, lo que generó un considerable caos vehicular en diversas arterias viales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Las pesquisas indican que estas interrupciones fueron intencionales, un hecho por el cual las autoridades responsabilizan directamente a Gómez Canaán, quien además poseía otros acuerdos estatales, incluyendo aquellos relativos a los servicios de licencias de conducir.
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Aparte de Beras y Gómez Canaán, la acusación también alcanza a Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, y a Henry Darío Féliz, quienes fueron añadidos al expediente recientemente.
La nómina de acusados se completa con Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
El grupo enfrenta cargos graves por corrupción administrativa, estafa en perjuicio del Estado, falsedad documental, asociación ilícita, sabotaje electrónico, además de violaciones a la Ley 53-07, que tipifica Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Adicionalmente, se les imputan actos de terrorismo ejecutados mediante el uso de medios electrónicos, crímenes que pueden conllevar penas de hasta 30 años de reclusión.
Con la entrega de este acto conclusivo, el Ministerio Público da por finalizada la etapa de investigación del caso, dejando en manos del tribunal la determinación de la responsabilidad de los implicados en los hechos que comprometieron la seguridad y el funcionamiento del sistema nacional de tránsito.
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