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Avances. La cabeza de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, comunicó que las modificaciones permitirán aplicar sanciones de carácter ejemplarizante.
El esfuerzo que se está realizando en la nación con el fin de asegurar la libre competencia entre los diversos agentes económicos en el mercado ha arrojado progresos significativos, pero para avanzar aún más en beneficio tanto del país como de los consumidores, la actual administración de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) planea introducir una enmienda a la Ley 42-08, relativa a la Defensa de la Competencia.
Según las palabras de María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, si bien se han logrado avances en el país y se ha cubierto un gran número de sectores, “aún queda mucho camino por recorrer”. Informó que la entidad presentará un borrador para modificar la Ley 42-08, buscando la posibilidad de imponer castigos disuasorios en casos de competencia desleal, una demanda largamente esperada por el sector empresarial.
Actualmente, dicha ley castiga a los infractores con multas basadas en salarios mínimos, pero la propuesta de modificación sugiere que las sanciones económicas se calculen a partir del volumen total de negocios registrado en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior.
De manera similar, se busca establecer un control sobre las fusiones y adquisiciones, ya que, en el ámbito regional, República Dominicana es la única nación que carece de mecanismos para controlar las concentraciones de mercado.
La legislación en vigor presenta varias deficiencias: la ausencia de un mecanismo de evaluación previa del impacto de las concentraciones económicas en la libre competencia, limitaciones en la magnitud de las sanciones y los procesos, una coordinación interinstitucional insuficiente, escasez de recursos tanto humanos como financieros, y la falta de una cultura generalizada de competencia.
Explicó que, antes de llevar a cabo una fusión, las empresas deberían obtener el visto bueno de Procompetencia, con el objetivo de evitar la formación de monopolios o situaciones de abuso, previniendo así el abuso de una posición dominante en el mercado.
Este tipo de escenarios puede tener repercusiones internas, manifestándose tanto dentro como fuera del país, como se vio en el caso de las posibles fusiones de aerolíneas extranjeras: si se hubieran concretado, podría haberse llegado a acuerdos sobre los precios de los billetes y se habría establecido un monopolio.
En el contexto de la reforma a la ley de Defensa de la Competencia, también se considera crucial la incorporación de mecanismos de clemencia, “para la detección de cárteles y colusión”, dado que esta herramienta estimula la denuncia de comportamientos anticompetitivos, como la operación de cárteles. Otro punto a revisar será la temporalidad de los plazos de caducidad y la prescripción en el ámbito penal, puesto que actualmente la prescripción se limita a un año. Finalmente, se abordarán los mercados digitales, con el fin de definir el mercado relevante, considerando que uno de los parámetros habituales es el precio, y la mayoría de las plataformas digitales ofrecen sus servicios de manera gratuita.
La funcionaria, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, detalló que este año se realizaron dos jornadas de trabajo para facilitar la comprensión del rol de la institución y la trascendencia de los temas de competencia económica: dirigidas a comunicadores y periodistas, a jueces del Poder Judicial, y también a oficiales de ética e integridad gubernamental, junto con directores de compras, con el fin de contribuir a la capacitación de actores esenciales. La meta, aseguró, es alcanzar la cifra de 1,000 funcionarios públicos capacitados en el transcurso de este año; desde abril hasta la fecha actual, ya se ha instruido a 800.
Subrayó que la intención es que los oficiales de ética e integridad dentro del gobierno actúen como vigilantes, dada la relevancia de las compras públicas, que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) de la nación. “Cuando se vulnera [el proceso], el Estado termina adquiriendo productos más caros y de menor calidad”, puntualizó.
Según la titular, el año pasado se impuso la primera sanción por colusión. En este momento, existen cuatro investigaciones en curso: una involucra al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); dos relativas a los comedores económicos; y la cuarta en el mercado del oxígeno medicinal. Por ello, afirmó que el enfoque tiene una doble vertiente. La primera se centra en la formación de actores clave, ya que “es en los pliegos de condiciones donde se decide el juego”, y es fundamental para la consecución del objetivo de la libre competencia; un segundo pilar es la defensa de la competencia propiamente, destinado a identificar cualquier señal de alerta sobre colusión.
La presidenta de Procompetencia asistió al Desayuno de Listín junto a José Beltré, director de promoción y defensa de la competencia; Liverca Gómez, responsable del departamento de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, a cargo del Departamento de comunicación; Jorge Espinosa, encargado de medios; Jacqueline Genao, coordinadora del despacho, y Lilian Tejeda, periodista de la institución.
El artículo 61 de la Ley 42-08 establece sanciones que van desde multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo, hasta un máximo de 3,000 veces el salario mínimo; otras penalizaciones oscilan entre 200 veces el salario mínimo y un máximo de 3,000 veces; y de 30 veces el salario mínimo hasta un máximo de 3,000 veces. Por suministrar información falsa a la comisión, la multa es de 50 veces el salario mínimo, con un tope de 200 veces, variando según la gravedad de la infracción.
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