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WASHINGTON. — La administración del presidente Donald Trump confirmó este viernes que aceptó un aporte anónimo de 130 millones de dólares para solventar una porción de los salarios y beneficios del personal de las Fuerzas Armadas durante el cierre del Gobierno. Esta determinación, que marca un hito, ha desatado intensos debates legales y políticos, según reportó CNN.
El Departamento de Defensa (DoD) especificó que el dinero provino de un “aliado del presidente” que solicitó mantener su identidad bajo reserva. De acuerdo con Sean Parnell, portavoz del Pentágono, los fondos se entregaron “con la estipulación de que se utilicen exclusivamente para cubrir los costos de nómina y prestaciones de los miembros del servicio”. Dicha aceptación se efectuó bajo la denominada “autoridad general de consentimiento de obsequios” del departamento.
No obstante, esta acción generó una controversia inmediata. Especialistas en materia presupuestaria y legisladores de ambas bancadas políticas manifestaron su inquietud ante el hecho de que un particular —posiblemente de origen extranjero— haya donado una suma tan considerable para financiar parte de las operaciones militares, una responsabilidad que usualmente recae en el Congreso a través de fondos públicos.
“Recurrir a donativos anónimos para financiar a nuestras Fuerzas Armadas suscita serias interrogantes sobre si nuestros propios militares corren el peligro literal de ser comprados y sufragados por potencias de otras naciones”, alertó el senador demócrata Chris Coons, representante de Delaware.
Por su parte, la oficina del senador Dick Durbin, de Illinois, el demócrata de mayor rango en el subcomité de asignaciones de Defensa del Senado, confirmó que ha solicitado al Pentágono detalles exhaustivos sobre la base legal de la donación y su alineación con la Ley Antideficiencia, normativa que prohíbe a las agencias federales efectuar gastos sin la previa aprobación legislativa.
Expertos citados por CNN sugieren que, incluso si el Pentágono está facultado para aceptar obsequios bajo ciertas condiciones, utilizar esos recursos para liquidar sueldos podría contravenir la ley. Argumentan que dicha autoridad es específica y se limita a fines concretos, como subvencionar escuelas, centros sanitarios o programas de apoyo para militares heridos y sus allegados.
Adicionalmente, el aporte, a pesar de su magnitud, tendría un alcance relativamente escaso: con cerca de 1.3 millones de efectivos en servicio activo, los 130 millones de dólares representarían aproximadamente 100 dólares per cápita.
En una alocución el jueves, Trump corroboró la existencia del donativo, calificándolo como un gesto de “un amigo personal que genuinamente desea auxiliar a nuestras tropas”, pero rehusó revelar su nombre, insistiendo en que el benefactor “no busca ningún reconocimiento”.
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En cuanto a la identidad del donante o la posible conexión con gobiernos foráneos, ni la Casa Blanca, ni el Pentágono, ni el Departamento del Tesoro ofrecieron precisiones. Cada entidad declinó la responsabilidad, remitiendo las preguntas a otra dependencia, lo que dejó sin esclarecer uno de los ángulos más sensibles del asunto: quién cedió el dinero y con qué propósito último.
Mientras tanto, el Congreso se dispone a analizar la legalidad y las implicaciones éticas de que una administración recurra a fondos privados para sufragar al Ejército, sentando un precedente que podría modificar la estructura de financiamiento de las operaciones militares en el país.
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