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Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) junto al Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) celebraron el Quinto Foro sobre la Lucha contra el Comercio Ilegal. En este evento se presentaron los logros principales del país en la prevención, persecución y control de las actividades comerciales ilícitas, además de las nuevas vías de colaboración regional.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que la República Dominicana “ha dejado de ser una nación en crisis para convertirse en un modelo regional en la contienda contra el comercio ilegal en los últimos cuatro años”. Subrayó que los éxitos obtenidos son resultado de la coordinación entre entidades y la alianza público-privada liderada por la Mesa de Ilícitos.
“Hace unos años enfrentábamos una emergencia nacional con el alcohol adulterado; hoy llevamos cuatro años sin una sola víctima. Hemos confiscado más de 160 millones de artículos ilegales, conseguido 50 fallos condenatorios y establecido un sistema que une a las autoridades, el sistema judicial y la industria formal hacia un objetivo común”, añadió Bisonó.
La magistrada Isis De La Cruz Duarte, procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República (PGR), destacó que “la PGR mantiene un compromiso firme con la prevención, persecución y penalización de toda clase de comercio ilegal, conscientes de que este problema no solo afecta las finanzas públicas, sino que también debilita la confianza social y perjudica los derechos de los consumidores”.
El Foro contó también con la asistencia de Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, quien disertó sobre el “Combate al comercio ilegal regional: oportunidades de colaboración Panamá-RD”.
Moltó enfatizó que “Para Panamá, la colaboración con República Dominicana significa mucho más que un mero intercambio técnico: es un pacto entre instituciones que valoran el acatamiento de la ley, la trazabilidad y la responsabilidad compartida”.
En el marco de la actividad, ambos ministros rubricaron una Declaración Conjunta por medio de la cual República Dominicana y Panamá acordaron intensificar el intercambio de mejores prácticas y la evaluación conjunta del impacto del comercio ilícito en la zona.
El Foro incluyó un panel enfocado en las nuevas modalidades del comercio ilegal en el mercado. Participaron Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero; Jennifer Troncoso en representación de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), y Erick Pérez del Toro, de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR). La moderación estuvo a cargo de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Asimismo, se otorgaron reconocimientos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), entidades que han sido cruciales para terminar con la impunidad.
Brache: El esfuerzo conjunto erradica la impunidad
Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), ofreció las palabras finales. Manifestó que el país ha dado pasos sólidos y consistentes en la lucha contra el comercio ilegal, consolidando una colaboración público-privada que hoy muestra resultados palpables y reconocimiento internacional, lo cual ha permitido avances notables en la eliminación de la impunidad.
Brache señaló que, gracias a la creación de la Mesa de Ilícitos y el Consejo Interinstitucional, se ha fortalecido la coordinación entre organismos estatales, logrando incautaciones récord, incineraciones públicas, sentencias judiciales y una estructura institucional más sólida. Recalcó que el Illicit Trade Index 2025 del Economist Impact ubicó a la República Dominicana en el puesto 50 entre 158 naciones, superando incluso a economías más grandes de la región.
“El comercio ilegal no solo resta recursos fiscales, también elimina puestos de trabajo formales, desnivela la competencia y mina la confianza del comprador. Cada paquete, envase o medicamento falsificado implica menos fondos para educación, salud y progreso. Frenar el comercio ilegal es una política social y un acto de justicia económica”, concluyó el presidente de la AIRD.
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