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Santo Domingo. La ratificación de una reforma al Código Procesal Penal antes de diciembre, tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional, está en riesgo debido al escaso tiempo que le resta a la Cámara de Diputados, tras recibir la propuesta desde el Senado a fines del pasado octubre.
El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, manifestó este miércoles que, a pesar de mantener “una excelente relación con el honorable Senado”, los diputados no han dispuesto del tiempo suficiente para examinar a fondo un proyecto sumamente sensible que impacta derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Sin duda, en la Cámara tenemos urgencia con este tema. Hemos establecido comunicación con los demás poderes del Estado y los operadores del sistema judicial buscando un acuerdo que nos posibilite resolver lo del Código Procesal Penal en la fecha estipulada”, señaló Pacheco.
El legislador aseguró no oponerse a ninguna vía legalmente válida respecto a la posibilidad de aprobar el Código Procesal con rapidez y evaluarlo posteriormente, dado que la objeción del Tribunal Constitucional apunta al método de aprobación de la normativa.
Según explicó, un grupo de trabajo está investigando la fecha exacta en que el Congreso Nacional fue notificado por el Tribunal Constitucional, ya que el plazo comienza a contarse a partir de esa comunicación, lo cual —aunque no lo afirmó— podría otorgar a ambas cámaras legislativas un margen mayor para completar las tareas pendientes.
Pacheco insistió en que la norma no ha sido aprobada por inactividad, sino porque se recibió a finales de octubre y su extensión y complejidad demandan más tiempo para su estudio.
La Ley 10-15, que regula el Código Procesal Penal, fue reformada por el Senado en diversos puntos que no habían sido considerados por la Cámara de Diputados.
Esta circunstancia motivó un recurso de inconstitucionalidad que culminó con la sentencia 0765-24 del Tribunal Constitucional, la cual otorgaba al Congreso Nacional un plazo máximo de un año para ajustar la norma o, de lo contrario, esta perdería su validez.
Dicho plazo expira a mediados de diciembre, aunque los diputados tienen la esperanza de encontrar una salida que les permita prorrogar un poco el vencimiento, tomando como referencia la fecha de su notificación oficial por parte del alto tribunal.
Hasta ahora, se han propuesto varias soluciones, incluyendo pedir a la corte superior una extensión del plazo, algo que juristas han vetado por considerarlo un precedente delicado para el Tribunal Constitucional.
El cuerpo legislativo, que consta de 470 artículos, es el resultado de un amplio consenso entre diversas entidades del sistema de justicia, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El informe de la comisión especifica que el contenido no mencionado o alterado se mantiene igual al aprobado en la primera lectura, respetando así los acuerdos logrados durante la etapa inicial del proceso legislativo.
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