Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SAN FRANCISCO (AP) — La Corte Suprema de California ratificó la decisión de un estrado inferior que tilda de discriminatoria la norma del sistema de la Universidad de California de vetar a alumnos sin estatus legal en EE. UU. para puestos laborales dentro de la institución, ordenando que esta sea revisada.
Representantes del claustro universitario señalan que este fallo los deja en un aprieto mientras negocian con la administración Trump, luego de que se retiraran fondos federales para investigación.
Un litigio iniciado en 2024 sostenía que la restricción universitaria vulneraba la legislación estatal. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito dictaminó que la casa de estudios no aportó pruebas suficientes para justificar su “práctica discriminatoria” de no emplear a quienes residen en el país sin permiso legal.
Dicho dictamen no anuló el protocolo de contratación, pero los magistrados exigieron a la entidad reevaluarlo basándose en preceptos legales apropiados. En su lugar, el centro educativo elevó el caso a la máxima instancia judicial del estado, que la semana pasada declinó escuchar la apelación.
Rachel Zaentz, vocera de la UC, manifestó el martes en un comunicado que el conglomerado universitario está “analizando sus cauces de acción” y que la denegación del tribunal superior de revisar el asunto “implica serios riesgos legales para la Universidad y todos los demás empleadores estatales en California”.
El ejecutivo encabezado por el presidente Donald Trump ha suspendido las asignaciones federales a la universidad y la ha demandado, exigiéndole el pago de una multa de 1.000 millones de dólares por supuestas fallas que incluyen antisemitismo y uso indebido de criterios raciales en admisiones.
Una de las demandantes en el caso, la exprofesora Iliana Pérez, instó al sistema universitario a aprovechar la resolución judicial para modificar su estatuto de empleo.
“La resolución del Tribunal Supremo de California no solo respalda que ya no se puede consentir el trato discriminatorio hacia los inmigrantes indocumentados para acceder a trabajos en el campus”, expresó Pérez en un parte de prensa el lunes al Los Angeles Times. “Además, otorga a la universidad la claridad necesaria para ofrecer oportunidades significativas a los miles de estudiantes migrantes que enriquecen sus instalaciones, además de la economía y el mercado laboral del estado”.
El pliego de la demanda aduce que, al no poder trabajar, los estudiantes sin estatus legal enfrentan dificultades para cubrir los costos totales de su formación, incluyendo alojamiento. Si bien estos alumnos califican para apoyos estatales y reducciones en la matrícula, se les niega el acceso a subvenciones y créditos federales. Esto fuerza a muchos a buscar empleos informales o en condiciones de precariedad, según han señalado sus defensores.
La universidad defendió su postura argumentando que contratar a estudiantes sin estatus legal podría exponer a sus contratantes a juicios civiles o criminales y poner en peligro los miles de millones de dólares procedentes de convenios federales que recibe el sistema.
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Esta nota fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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