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Camacho dio estas declaraciones a Listín Diario, mientras participaba en una reunión en Santiago.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), magistrado Wilson Camacho, informó que este organismo del Ministerio Público está llevando a cabo las indagaciones pertinentes en el caso donde el Instituto Oncológico Regional del Cibao acusa al exdirector de la junta directiva, Héctor Lora, y a dos de sus asociados, de componer una trama delictiva para sustraer capitales de la institución.
“Estamos realizando las gestiones, según nos indiquen, por ejemplo, a quién es necesario interrogar; pero eso ocurre en una etapa concreta del proceso, así que lo ejecutamos”, comentó Camacho, asegurando que hay múltiples investigaciones en curso y, debido al punto exacto donde se encuentra la pesquisa de este asunto, no es posible compartir más detalles.
Camacho hizo estas declaraciones a Listín Diario, en el marco de su asistencia a un Encuentro de Actualización sobre los Retos de la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas en la República Dominicana, convocado por la Mesa Legislativa de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Inc. (ACIS).
Al encuentro asistieron, además de Camacho, los juristas Miguel Valerio, María del Pilar Zuleta y Eduardo Núñez.
El caso del Oncológico en la Pepca
La Junta Directiva Cibaeña contra el Cáncer interpuso formalmente una denuncia ante la Pepca el pasado miércoles 5 de noviembre contra Héctor Antonio Lora Cruceta, su cónyuge Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su anterior esposa Dilcia I. Vargas Sánchez, a quienes señalan de urdir un esquema criminal para el desfalco de recursos de la entidad.
La acción legal fue presentada por los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez, representando al presidente de la Junta Directiva, Iván Alexis Mercader Mateo, ante la magistrada Mirna Ortiz, procuradora general de Corte titular de la Pepca.
Según la denuncia, Lora Cruceta habría instituido una red de compañías y fundaciones mediante las cuales se desviaron centenares de millones de pesos pertenecientes al Instituto Oncológico del Cibao.
Entre las organizaciones señaladas se encuentran Lora Vargas & Asociados —rebautizada posteriormente como Vargas Guzmán Accounting Center SRL— y la Fundación TOCATERD.
El escrito alega que los acusados infringieron los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, además de los numerales 11 del artículo 2 y los numerales 1 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los representantes legales indicaron que Lora Cruceta se habría asignado una remuneración mensual de 600 mil pesos bajo el concepto de “gastos de representación”, a pesar de que los estatutos de la Junta Directiva establecen que sus funciones son meramente honoríficas.
Entre las anomalías reportadas se incluyen cobros injustificados a las ARS por facturación de pacientes asegurados, retención de porcentajes de pagos, y la manipulación de facturas de medicamentos costosos, lo cual habría mermado los haberes destinados a los pacientes y agotado sus coberturas médicas.
Como evidencias, la Junta Directiva aportó memorias USB, reportajes de prensa y evaluaciones de contadores públicos certificados.
El 15 de octubre de este año, Listín Diario destacó que el Misterio Público, a través del magistrado Aldo Peralta, tomó juramento a la nueva cúpula directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, luego de que la Procuraduría de Santiago emitiera un certificado que avala a los nuevos integrantes de la Junta Directiva Cibaeña Contra el Cáncer, tras una asamblea general extraordinaria celebrada el lunes anterior.
El magistrado aclaró a los nuevos directivos que cualquier conflicto que surja con la administración fenecida debe dirimirse en los tribunales.
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