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La llegada el jueves pasado del primer delegado de alto nivel de Estados Unidos a Santo Domingo en cuatro años fue muy bien recibida. La propia enviada, la honorable embajadora Leah Francis Campos, la acogió con entusiasmo al tocar suelo dominicano. Esto reafirma la especial importancia que el presidente Donald Trump otorga a estos lazos bilaterales, siendo su nombramiento uno de sus primeros actos al asumir un segundo mandato en la Casa Blanca. Es un acto de buena voluntad desde el socio comercial más relevante para la República Dominicana.
Es evidente que, por conveniencia mutua, es provechoso para ambas naciones mantener vínculos estrechos y fluidos, a pesar de sus diferencias en peso específico e intereses que deben armonizarse mediante una diplomacia ágil. Es bienvenida esta ocasión para conversar sobre los temas pendientes con la debida formalidad.
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Desde este lado de la Hispaniola surge una de las comunidades de origen extranjero de mayor expansión en Norteamérica, con muchos de sus miembros fundadores y sus sucesores manteniendo firmes sus costumbres y valores de procedencia, sin renunciar a integrarse al ser binacionales y obtener la ciudadanía estadounidense.
A esta inevitable integración, y considerando el trato generalmente justo que Washington brinda a los dominicanos, resta conseguir para este país amigo un acuerdo arancelario equitativo en el comercio. Aunque las mercancías provenientes de RD enfrentan un gravamen moderado del 10%, esto no se justifica ante el notorio desbalance comercial favorable a EE. UU.
Con un déficit muy marcado para nuestro país y un superávit para la contraparte que excede anualmente los 6,000 millones de dólares, y para colmo, las exportaciones de las zonas francas dominicanas —que incluyen gran volumen de prendas elaboradas cerca de la frontera con Haití— son afectadas últimamente por impuestos adicionales que amenazan un pilar clave de la economía dominicana.
Además, pesa sobre nosotros la posible eliminación de una ayuda social considerable para el extenso grupo de nacionales dominicanos (como parte de la diáspora latina) establecidos al norte del río Bravo, frontera que separa al mundo desarrollado del hemisferio sur con menor desarrollo. Los dominicanos en situación de precariedad económica allí —merecedores de amparo— corren riesgo de caer en una indigencia total.
Es deber del gobierno dominicano iniciar con la debida seriedad gestiones en favor de los dominicanos en el exterior que atraviesan dificultades, manteniendo una diplomacia persistente y eficaz.
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