Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
NUEVA YORK (AP) — Cuando Dauda Sesay arribó a Estados Unidos tras escapar de la contienda civil de Sierra Leona y residir casi un decenio en un asentamiento para refugiados, desconocía que podría volverse ciudadano. No obstante, le indicaron que si acataba las normas y evitaba problemas, tras algunos años podría solicitarlo. Como habitante de EE. UU., estaría amparado.
Eso lo impulsó a iniciar el trámite: la noción — y la garantía — de que al obtener la nacionalidad por naturalización, se forjaría un lazo entre él y su nuevo entorno. Tendría prerrogativas y deberes, como el sufragio, y al comprometerse con la nación, esta también se comprometería con él.
“Al levantar mi mano y proferir el juramento de fidelidad, en ese instante creí en la promesa de pertenencia”, manifestó Sesay, de 48 años, quien llegó a Luisiana hace más de quince años y funge como activista por los refugiados y su inserción en la sociedad estadounidense.
Pero en los meses recientes, conforme el presidente Donald Trump reforma la política migratoria y el vínculo de la patria con los recién llegados, esa convicción se ha debilitado para Sesay y otros ciudadanos ya naturalizados. Ahora existe el temor de que las acciones para incrementar drásticamente las expulsiones y modificar quién puede considerar a EE. UU. como su nación, mediante propuestas como intentar anular la ciudadanía por nacimiento, están generando un efecto contagio.
Aquello que consideraban el resguardo esencial de la naturalización se percibe ahora más como un terreno inestable.
¿Qué sucede si se ausentan?
A algunos les inquieta que, si abandonan el país, tendrán inconvenientes al retornar, alarmados por testimonios de ciudadanos naturalizados que han sido interrogados o retenidos por funcionarios fronterizos estadounidenses. Se cuestionan si deberían blindar sus dispositivos móviles para preservar su intimidad. Otros dudan en moverse incluso dentro del territorio, tras relatos como el de un ciudadano acusado de residir ilegalmente y detenido incluso después de que su progenitora exhibiera su acta de nacimiento.
Hasta ahora, no hay indicios de un alza en las revocaciones de ciudadanía durante la gestión de Trump. Pero eso no ha calmado a algunos. Sesay declara que ya no viaja internamente sin su pasaporte, aun poseyendo una REAL ID con los estrictos requisitos de identidad exigidos por el gobierno federal.
Los operativos migratorios, frecuentemente ejecutados por personal federal encubierto e indumentaria no identificativa en sitios como Chicago y Nueva York, han llegado a apresaron a estadounidenses. Uno de ellos, quien asegura haber sido retenido dos veces por agentes migratorios, ha interpuesto una querella federal.
Para agravar la inquietud, el Departamento de Justicia divulgó un comunicado este verano informando que intensificaría sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a migrantes que hayan cometido faltas o sean considerados un riesgo para la seguridad patria. En un momento, Trump llegó a poner en duda la nacionalidad del alcalde electo neoyorquino, Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años, quien obtuvo su estatus durante su juventud.
Este ambiente provoca que algunos teman manifestarse sobre el tema en público, por miedo a atraer atención indeseada. Las peticiones de comentarios a través de diversas agrupaciones comunitarias y otros contactos no lograron hallar a nadie dispuesto a expresarse públicamente, aparte de Sesay.
En Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava comenta que conoce la aprensión, pues creció sin la documentación apropiada antes de acogerse al DACA — Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa del exmandatario Barack Obama que protegía de la expulsión a quienes fueron traídos de infantes — y obtener la nacionalidad mediante su matrimonio. Pero le sorprende ver tanto temor entre los ciudadanos ya naturalizados.
“Nunca había presenciado a esa gente sin preocupación (…) Las personas que identifico y que previamente no temían, ahora no están seguras de lo que les depara su estatus en cuanto a protección”, comentó Nava.
Stephen Kantrowitz, catedrático de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, indicó que el significado de la ciudadanía, y a quién incluía, se ha expandido y reducido a lo largo de la historia estadounidense. Si bien la palabra “ciudadano” figura en el texto constitucional original, carece de definición, explicó.
“Cuando fue redactada la Constitución, nadie sabía lo que significaba ser ciudadano”, señaló. “Es un vocablo técnico, proviene de la tradición revolucionaria francesa. Implica una especie de equidad entre los integrantes de una colectividad política, y conlleva ciertas derivaciones sobre el derecho a formar parte de esa colectividad. Pero es… bastante impreciso”.
La migración en EE. UU. y sus escollos
La primera ley de naturalización, aprobada en 1790 por el Congreso de la nueva nación, estipulaba que la ciudadanía era para cualquier “persona blanca libre” de buena conducta. Las personas de origen africano o nacidas en África se incluyeron como una categoría separada en la legislación federal migratoria tras los estragos de la Guerra Civil en el siglo XIX, que es cuando también se agregó la Enmienda 14 a la Constitución para establecer la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX se aprobaron normativas que restringían la inmigración y, por ende, la naturalización. La Ley de Inmigración de 1924 impidió el ingreso a individuos procedentes de Asia porque no podían acceder a la naturalización, al no ser ni blancos ni negros. Esto no varió hasta 1952, cuando una ley migratoria eliminó las barreras raciales para la obtención del estatus. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 sustituyó el sistema migratorio previo por uno que distribuía los visados de manera justa.
La trayectoria americana también incluye periodos donde se privó de la ciudadanía a quienes la poseían, como tras la determinación de la Corte Suprema de 1923 en el caso Estados Unidos vs. Bhagat Singh Thind. La resolución sostenía que los originarios de la India no podían nacionalizarse por no calificarse como blancos, lo cual generó varias docenas de revocaciones. En otras ocasiones se omitió, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses-americanos fueron forzados a campos de reclusión.
“El poder político a veces sencillamente determina que un colectivo, o un individuo o una familia, no tiene derecho a la ciudadanía”, aseveró Kantrowitz.
En este momento, Sesay siente que es una afrenta.
“El juramento de lealtad lo hice a los Estados Unidos de América, y con eso establecí un compromiso”, apuntó. “Ahora, dentro de mi propia tierra, observo un cambio… Francamente, este no es el Estados Unidos en el que creía cuando puse mi mano sobre el corazón”.
Agregar Comentario