Hoy en día, más de 11,000 antiguos miembros de las FARC continúan su reinserción a la vida civil, algo que Naciones Unidas considera un logro.
Se conmemoró el noveno aniversario de la suscripción del trascendental pacto de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el miércoles, mientras que facciones disidentes de esa antigua guerrilla siguen cometiendo delitos y se las vincula a una posible infiltración gubernamental.
Actualmente, más de 11,000 excombatientes de las FARC siguen su camino hacia la reinserción social, un éxito para las Naciones Unidas. No obstante, algunos tomaron de nuevo las armas y se agruparon en bloques que suman miles de insurgentes hoy.
Las disidencias —fragmentadas y con distintos líderes— han continuado con acciones violentas usando explosivos en áreas urbanas y rurales, financiándose con narcotráfico y otras fuentes ilícitas.
“La insurgencia violenta, a raíz de no lograrse un cese de paz real y permanente por parte del Estado, ha generado una violencia ligada al narcotráfico y la avaricia… así nuestro esfuerzo por la paz se desvanece”, manifestó el presidente Gustavo Petro durante el acto de recuerdo del acuerdo “Sembramos y transformamos”.
El mandatario opinó que la desigualdad es el “origen de la violencia” y que no atender a las regiones más marginadas, tal como estipulaba el acuerdo, la ha avivado. “Hoy, consolidar la paz verdaderamente implica cómo el territorio olvidado de Colombia se convierte en un área integrada y próspera”.
El ejército informó el miércoles que un civil y un militar sufrieron heridas por la explosión de una mina terrestre que incendió un vehículo en el Cauca, al suroeste del país, atribuyendo el hecho a las disidencias.
Petro, el primer presidente de izquierda del país, inició varios diálogos con los grupos disidentes de las FARC con el objetivo de reducir la violencia y lograr su desarme. Sin embargo, la mayoría suspendió su participación el año pasado.
Otras agrupaciones que se autodenominan Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) siguen negociando y han avanzado en pactos para dejar de reclutar menores. A pesar de esto, el proceso enfrenta críticas tras revelarse supuestas infiltraciones en una investigación periodística.
La indagación fue publicada el fin de semana por Noticias Caracol y sugiere que las disidencias obtenían información de seguridad de un general del ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Tanto la fiscalía como las entidades involucradas han anunciado revisiones internas sobre las presuntas fugas de información. Por su parte, Petro ha declarado falsas las acusaciones, aunque ordenó un “examen forense” de chats y documentos que sostienen la denuncia y que, según el medio, provienen de material incautado a las disidencias.
Petro advirtió el miércoles en la red social X a las facciones disidentes lideradas por alias “Calarcá”, uno de los cabecillas del EMBF, que serían atacadas si utilizaron el diálogo con fines delictivos.
El incidente ha provocado una conmoción política justo cuando el mandatario busca demostrar resultados de su estrategia de “paz total”, con la que pretende mantener múltiples conversaciones paralelas con agrupaciones armadas y bandas criminales.
Logros y Desafíos
La ONU ha señalado que una correcta implementación del acuerdo de paz de 2016 pudo haber evitado los actos de violencia cometidos por las disidencias y otras organizaciones ilegales.
La violencia, que ha forzado el desplazamiento de miles de ciudadanos, también afecta a los antiguos miembros de las FARC que se acogieron a la legalidad. Según la misión de la ONU en Colombia, 481 firmantes han sido asesinados desde el pacto de paz.
“En lo que va de este año ya son 37 nuestros fallecidos. Existe un esquema integral de protección para el ejercicio político, contemplado en el acuerdo, con normativa avanzada pero una ejecución deficiente”, lamentó Rodrigo Londoño, quien fue el último líder de la antigua guerrilla y actualmente encabeza el partido político de los firmantes, Comunes.
A pesar de los problemas de seguridad, el acuerdo de paz puso fin a cinco décadas de enfrentamiento armado entre el Estado y las FARC, la guerrilla más longeva de Latinoamérica, por lo que ha recibido un amplio respaldo internacional.
“Es un momento crucial que modificó la historia reciente de Colombia”, destacó en el acto conmemorativo Miroslav Jenča, enviado especial del Secretario General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación. “Este encuentro es una ocasión para recordar que la paz no es solo un documento firmado, sino un compromiso activo que se renueva a diario”, comentó.
En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el encargo de la misión en Colombia, pero con limitaciones; ya no supervisará las decisiones del Tribunal de Paz que juzga los crímenes del conflicto, ni el componente étnico del acuerdo, que incluye disposiciones para resguardar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Londoño, conocido en la guerra por el alias “Timochenko”, solicitó al Estado que se encargue de esos dos aspectos fundamentales del pacto de paz que la ONU ya no monitoreará. Pidió al actual gobierno acelerar la ejecución del acuerdo, para que “no pueda ser interrumpido” por un posible gobierno opositor el próximo año.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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