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El tribunal dictaminó el martes contra los implicados en la planificación de actos violentos de la banda criminal, incluyendo una conspiración para eliminar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes.
Un grupo de magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el martes a altos oficiales militares y a un funcionario de la policía federal a penas de hasta 24 años de reclusión tras ser hallados culpables de formar parte de un intento golpista que contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros dignatarios.
El exmandatario Jair Bolsonaro fue sentenciado en el mes de septiembre a 27 años y tres meses tras las rejas por liderar una estructura criminal que buscaba anular los resultados electorales de 2022, donde Lula prevaleció sobre Bolsonaro. En aquella ocasión, el tribunal también falló contra otros colaboradores cercanos que, a juicio de los jueces, integraban el “núcleo duro”.
El tribunal sentenció el martes a los responsables de idear las represalias violentas de la organización delictiva, las cuales abarcaban un complot para acabar con Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez supremo Alexandre de Moraes.
Nueve de los diez señalados por pertenecer al grupo son altos rangos de las fuerzas armadas y uno más pertenece a la policía federal.
Los cuatro magistrados que componen el panel sentenciaron por unanimidad a nueve de ellos, exonerañdo a un general retirado por insuficiencia probatoria.
Siete de ellos fueron hallados culpables de intento de supresión violenta del ordenamiento jurídico democrático, amago de golpe de Estado, participación en una asociación criminal armada, daños calificados y menoscabo al patrimonio.
Dos fueron condenados por faltas menos severas como asociación ilícita e incitación pública al enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales.
Las penas varían entre 23 meses de cárcel y 24 años de privación de libertad. Cuatro de los implicados recibieron la sanción más alta.
“Brasil, de nuevo, a causa de la ligereza y falta de civismo de algunos, flirteó con y casi sucumbe a un barranco de penumbra institucional”, expresó el juez Flávio Dino al exponer su votación, aludiendo al régimen militar brasileño (1964-1985).
“Esto no fue un simple paseo. Se trataba de un quebrantamiento donde se iba a detener y fusilar personas, derogar la carta magna, la ciudadanía y la prensa libre. Y estas no son meras suposiciones: estaba plasmado en la estrategia incautada a estos servidores públicos”, añadió.
El procurador general Paulo Gonet destacó la semana anterior las evidencias de que un agente de la policía federal se infiltró en el equipo de protección del entonces presidente electo para facilitar los planes del grupo.
El plan no prosperó por la ausencia de respaldo del jefe del Ejército, según De Moraes, quien supervisa este exhaustivo expediente.
Los sentenciados solo comenzarán a cumplir sus condenas una vez que hayan agotado los recursos de apelación.
Este mismo escenario aplica para Bolsonaro, quien permanece restringido en su domicilio desde agosto.
El panel desestimó recientemente una apelación presentada por el equipo legal del exmandatario, aunque es posible que se introduzca otra esta semana.
El proceso judicial de Bolsonaro captó la atención global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 50% a las mercancías importadas desde Brasil y aludió en parte al caso de Bolsonaro, al que calificó de “caza de brujas”.
Ello generó un profundo quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, calificado por expertos como el punto más bajo en su historia de más de 200 años.
Las relaciones han mejorado. Lula y Trump dialogaron telefónicamente y luego se reunieron el mes pasado durante la cumbre de la ASEAN en Malasia.
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