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NUEVA YORK (AP) — El máximo responsable de las cuentas de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien fue detenido hace dos meses por manifestarse contra las condiciones en un centro de internamiento de inmigrantes, decidió el martes ir a juicio por un cargo menor de obstrucción en lugar de aceptar un pacto que habría resuelto el asunto en seis meses.
“Deseo un juicio”, declaró Lander, el contralor municipal y un aliado del alcalde electo Zohran Mamdani.
El funcionario hizo estas declaraciones tras salir de un juzgado federal en Manhattan, donde aguardaba la resolución de las autoridades respecto a su protesta del 18 de septiembre junto a varios legisladores. Reiteró su compromiso de seguir manifestándose contra las directrices migratorias del gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que un juicio “expondría” las acciones de las agencias federales.
No es la primera vez que Lander, un demócrata progresista que compitió por la alcaldía este año, es apresado por este motivo. Fue retenido en junio en un tribunal de inmigración en Manhattan tras unirse a una persona que las autoridades intentaban arrestar. Esta detención incrementó la visibilidad de este político, generalmente mesurado y reconocido por su enfoque técnico.
Tanto él como Mamdani se brindaron apoyo mutuo durante las fases finales de las elecciones primarias, y ahora se especula que Lander podría estar considerando una candidatura al Congreso.
Tras su detención, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado criticando al contralor. Lo calificó como “otro político de santuario armando un espectáculo en busca de atención a costa de poner en riesgo al personal del DHS y a los detenidos”; en alusión a las políticas de “ciudad santuario” que restringen la colaboración entre autoridades locales y agentes migratorios en ciertas localidades, y haciendo referencia por sus siglas en inglés a la agencia donde trabaja.
Un vocero de los fiscales federales declinó hacer comentarios.
Lander fue uno de los 11 funcionarios arrestados y notificados antes de ser liberados, luego de intentar inspeccionar las salas de reclusión en el piso 10 de 26 Federal Plaza en Manhattan, edificio que alberga un tribunal de inmigración, la sede neoyorquina del FBI y otras oficinas federales.
El inmueble se ha convertido en un foco central en el contexto de las actuales operaciones federales de inmigración, las cuales, según Trump, son necesarias para combatir lo que él denomina una escalada de la delincuencia.
Los funcionarios indicaron que su intención era verificar si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaba acatando el fallo de un juez que ordena a la agencia limitar la capacidad del recinto, asegurar la higiene y facilitar colchonetas para dormir, entre otras medidas correctivas. Varios de los otros funcionarios involucrados sí aceptaron el acuerdo de enjuiciamiento pospuesto.
El acta de imputación contra Lander le atribuye haber “obstruido accesos, vestíbulos y pasillos” del edificio. Él adelantó su intención de volver a la instalación más adelante esa misma semana, con otras personas, para continuar con las protestas.
Aceptar el pacto habría resultado en el retiro del cargo de obstrucción si no cometía ninguna falta en propiedad federal durante medio año. La imputación, según refirió, conlleva una sanción máxima de 30 días de cárcel.
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